Uno de los problemas más graves que enfrentan los propietarios en España es la okupación de inmuebles. Este fenómeno, que ha ido en aumento en los últimos años, se ha convertido en una cuestión urgente y delicada. Los propietarios que sufren este problema no solo deben enfrentarse a la ocupación ilegal de sus viviendas, sino también a los retos legales y la complejidad del sistema judicial para poder recuperar sus propiedades.
El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, aborda este problema en su libro titulado «Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble», donde ofrece una guía sobre cómo los afectados pueden proceder legalmente frente a esta situación. En este artículo, analizamos los puntos más importantes de su obra y los consejos que ofrece para enfrentar la okupación desde un punto de vista legal.
Un problema sin solución inmediata
Vicente Magro describe la okupación como uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad española en la actualidad. Para el magistrado, la sensación de impunidad que prevalece en torno a la okupación es un reflejo de la inacción de las autoridades y la falta de medidas efectivas para combatirla. Señala que, en comparación con otros países europeos, España no ha logrado implementar soluciones rápidas y efectivas para resolver los casos de ocupación ilegal de inmuebles.
Según Magro, en países como Italia, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, los casos de okupación se resuelven en un plazo de 72 horas, algo que, en su opinión, debería ser un estándar también en España. El magistrado critica duramente la reciente Ley de Vivienda española, que, según él, «ha perdido una tremenda oportunidad» de resolver este problema.
La vía penal como clave para desalojar a los «inquiokupas»
Uno de los puntos más importantes que destaca Magro en su libro es la distinción entre okupas e inquiokupas. Mientras que los primeros son personas que se instalan ilegalmente en propiedades vacías, los inquiokupas son aquellos que, tras alquilar un piso, dejan de pagar el alquiler pero se niegan a abandonar el inmueble.
La okupación tradicionalmente se ha tratado como un caso de usurpación, mientras que el impago de alquileres, relacionado con los inquiokupas, suele ser tratado por la vía civil, lo que alarga los tiempos de resolución. Sin embargo, Magro ofrece una alternativa para estos casos: llevar la denuncia por la vía penal, lo que permitiría al propietario solicitar medidas cautelares para la expulsión inmediata de los inquilinos.
El magistrado explica que, en estos casos, podría considerarse una estafa si se demuestra que el inquilino tenía la intención de no pagar desde el momento en que firmó el contrato de alquiler. “Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa”, argumenta Magro. Este enfoque, según el autor, puede acelerar el proceso de desalojo, permitiendo al propietario recuperar su propiedad más rápidamente.
El factor vulnerabilidad
Otro de los elementos que ralentizan los procesos de desalojo de okupas, según Vicente Magro, es la vulnerabilidad que alegan los inquilinos ilegales para evitar ser desalojados. Magro señala que en muchos casos, los okupas se acogen a informes de vulnerabilidad emitidos por los Servicios Sociales, que se otorgan sin la verificación adecuada.
El magistrado insiste en que debe haber un mayor control y un filtro riguroso para determinar si las personas que alegan vulnerabilidad realmente cumplen con los requisitos para beneficiarse de estas protecciones. “La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta”, expone Magro, indicando que es necesario mejorar los mecanismos de evaluación de estos informes.
Muchos propietarios denuncian que los informes de vulnerabilidad se conceden con demasiada ligereza, incluso a través de llamadas telefónicas, sin verificaciones exhaustivas. Este factor, según Magro, contribuye a que los procesos de desalojo sean lentos y complicados, lo que deja a los propietarios en una situación de indefensión.
Una Ley Integral de Okupación
Para solucionar el problema de la okupación de manera efectiva, el magistrado Magro propone la creación de una Ley Integral de Okupación que aborde todos los aspectos relacionados con este fenómeno. Según él, la nueva ley debería ofrecer seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los operadores jurídicos encargados de resolver estos casos.
En este sentido, Magro hace un llamamiento a las autoridades para que se implemente una legislación que permita resolver rápidamente los casos de okupación, evitando las largas demoras que actualmente se observan en los tribunales. La ley también debería incluir medidas preventivas y protocolos claros que permitan a los propietarios proteger sus inmuebles de posibles okupaciones.
La problemática en comparación con Europa
El magistrado Vicente Magro insiste en que la okupación es un problema que solo afecta gravemente a España dentro del entorno europeo. Otros países han encontrado formas más efectivas de resolver estos casos, lo que demuestra que es posible adoptar soluciones rápidas y eficientes. En muchos países europeos, las leyes permiten el desalojo de okupas en menos de 72 horas, mientras que en España los procesos pueden durar meses o incluso años.
Este retraso, según Magro, es lo que genera la sensación de impunidad en la sociedad y la percepción de que los okupas pueden actuar sin temor a las consecuencias. Resolver esta situación, indica el magistrado, requiere una combinación de voluntad política y cambios legislativos que permitan a los propietarios recuperar sus viviendas de manera rápida y efectiva.
El fenómeno de la okupación en España es un problema que sigue afectando a miles de propietarios y que necesita una solución integral. El magistrado Vicente Magro ofrece en su libro «Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble» una guía clara sobre las estrategias legales que los propietarios pueden utilizar para recuperar sus viviendas.
Entre sus recomendaciones, destaca la importancia de llevar los casos de inquiokupación por la vía penal para solicitar la expulsión inmediata de los inquilinos, así como la necesidad de revisar los mecanismos de concesión de informes de vulnerabilidad. Además, propone la creación de una Ley Integral de Okupación que permita resolver los casos de manera rápida y garantice la seguridad jurídica de los ciudadanos.