La literalidad de los acuerdos entre el PP y Vox para gobernar juntos en Castilla y León que hicieron públicos tras su firma no habla expresamente de medidas sanitarias para prevenir abortos, sino de apoyo a las familias y de fomento de la natalidad.

Algo similar ocurre con el comunicado de prensa difundido el pasado jueves por la Consejería de Sanidad, dirigida por el PP, y al que ahora se remite Vox para remarcar que tenían un acuerdo en esta materia.

Este anuncio ha generado un gran revuelo por las discrepancias surgidas a posteriori entre el discurso del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), y la corrección que le hizo públicamente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), sobre la no obligatoriedad de las medidas para los médicos y las embarazadas.

Acuerdo de legislatura

En concreto, el denominado Acuerdo de Legislatura suscrito por Mañueco y García-Gallardo únicamente introduce un par de «acciones» vinculadas al tema que ha generado la polémica estos días, pero de forma genérica:

1.- «Impulsaremos una política de apoyo a las familias, como institución básica de la sociedad y pilar del estado del bienestar».
2.- «Apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos, y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal».

La literalidad es esta, pero este mismo martes Vox ha asegurado a través de un comunicado, referido a la comparecencia de su portavoz nacional, Iván Espinosa de los Monteros, que «fruto del acuerdo de gobierno suscrito para esa legislatura se va a elaborar e implantar un protocolo de latido fetal dentro de atención programada del primer trimestre para todas las mujeres embarazadas que lo quieran».

En este sentido, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), que introdujo al vicepresidente García-Gallardo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves, argumentó que las medidas aprobadas eran para dar cumplimiento al acuerdo de legislatura entre PP y Vox.

Comunicado de Sanidad

El comunicado de prensa de la Consejería de Sanidad, que sirvió de referencia a García-Gallardo para realizar la presentación de las medidas ante los medios de comunicación el pasado jueves, es el único texto surgido de la Junta en esta materia, ya que el anunciado protocolo, orden, instrucción o circular interna anunciado no ha sido enviado por el momento a los profesionales sanitarios ni tampoco a la prensa.

Con el título «La Junta promoverá medidas sanitarias relacionadas con el fomento a la natalidad y el apoyo a las familias», este comunicado no hace mención expresa al aborto cuando articula una serie de medidas «relacionadas con el ámbito sanitario y asistencial», con una referencia al acuerdo de legislatura entre el PP y Vox, aunque sí alude al aborto para defender la objeción de conciencia de los médicos.

En concreto, las medidas detalladas en ese documento escrito son las siguientes:

1.- «Garantía de asistencia por psicólogos clínicos: Garantizar a la madre gestante el acceso a una atención psicosocial específica, en la esfera emocional, mediante el acceso a un psicólogo clínico de Sacyl» (…) «Se establecerá un procedimiento de derivación desde atención primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran».
2.- «Protocolo de latido fetal y registro cardíaco: Elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre». (…) «Primera ecografía entre la semana 6 y 9 del embarazo».
3.- «Ecografía 4D para gestantes: Se promoverá el acceso a la ecografía 4D a las mujeres gestantes durante el seguimiento de su embarazo».
4.- «Respeto a la objeción de conciencia: Velar por que se respete el ejercicio del derecho fundamental a la objeción de conciencia de aquellos profesionales que participen en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)».

Tras varios días de debate público al respecto de estas medidas, con declaraciones y contradeclaraciones de los representantes de ambos partidos, tanto a nivel autonómico como nacional, las mujeres de Castilla y León no tienen claro aún en qué se materializarán estas iniciativas, mientras que desde el punto de vista político el debate ha girado hacia si el cumplimiento o no de los acuerdos puede desembocar en un nuevo adelanto electoral.

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