El 70% de los fondos europeos irá a transición ecológica y digital, se adelantará 27.000 millones en los PGE de 2021 y se eliminarán las trabas administrativas para su ejecución.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el plan de inversiones a tres años asociado a los primeros 72.000 millones de la UE, que estará centrado en las transformaciones ecológica y digital con el objetivo de sumar 2,5 puntos de PIB y 800.000 empleos en 2023.
En un acto al que han asistido de forma telemática todos los miembros del Gobierno, agentes sociales, embajadores de los países de la UE y representantes de la sociedad civil, Sánchez ha desgranado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española con el que pretende impulsar «una nueva modernización» del país.
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Con este objetivo, la mitad de los 140.000 millones de euros en fondos europeos que le corresponden a España para los próximos seis años se movilizarán en el periodo 2021-2023 a través de proyectos que se ejecutarán en ese plazo.
En concreto, se trata de 72.000 millones (59.000 millones del fondo de recuperación y resiliencia y 12.400 millones del React-EU), a los que se suman otros 79.000 millones de fondos estructurales y de la política agrícola común (PAC).
Para acelerar los plazos y con independencia de cuándo efectúe los pagos la Comisión Europea, los futuros Presupuestos de 2021 -que «España necesita perentoriamente», según Sánchez- adelantarán una primera anualidad de estas ayudas, por un total de 27.436 millones de euros.
Tal y como se había avanzando en los últimos meses, las transformaciones energética y digital constituyen los ejes transversales del plan, ya que copan un 70 % de las inversiones totales -un 37 % y un 33 %, respectivamente-. A ellas se suman la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
En materia energética, el objetivo es que en 2050 toda la energía que se consuma en España sea renovable, lograr 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023 y 5 millones en 2030, con 100.000 puntos de recarga, rehabilitar más de medio millón de viviendas para hacerlas más eficientes o restaurar 3.000 kilómetros de ríos, un proyecto al que se dedicarán 2.500 millones de euros.
Para avanzar en la transformación digital se extenderá la formación digital a más de 2,5 millones de pymes y se perseguirá que la cobertura 5G llegue al 75 % de la población, al tiempo que se formará en teletrabajo a 150.000 empleados públicos.
Sánchez ha desgranado las diez políticas tractoras que guiarán el plan: la agenda urbana y rural -que copará un 16 % de los recursos e incluye luchar contra la despoblación o mejorar la habitabilidad de entornos urbanos-, las infraestructuras -un 12 % de los recursos para restaurar ecosistemas o preservar infraestructuras- o la transición energética, a la que se destinará el 9 % de los fondos.
Junto a ellas, la modernización de la administración pública (5 % de los recursos), la digitalización empresarial (17 %), el pacto por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de salud (17 %), la educación y formación continua (18 %), la política de los cuidados, que incluye la atención a dependientes (6 %), y la cultura y el deporte (1,1 %).
La décima política tractora, sin dotación, consistirá en la modernización del sistema fiscal, incrementado su progresividad y capacidad redistributiva.
En materia de gestión, para garantizar la ejecución de los fondos se va a constituir una comisión interministerial y una unidad de seguimiento del fondo de recuperación, se va a articular una colaboración específica con las comunidades autónomas y se abrirá interlocución con las empresas que participen en los proyectos.
Al mismo tiempo, para agilizar la absorción de fondos se van a eliminar trabas administrativas, emprender las reformas legales para que la gestión sea «impecable» y transparente y se diseñará una gobernanza eficaz.
Sánchez ha puesto en valor la «fuerza de la unión» que ha permitido dar una «respuesta sin parangón» a la pandemia pese al «griterío partidista», por lo que ha reclamado a los partidos una «colaboración mínima en beneficio del interés general y del bien común».
