El 70% de los fondos europeos irá a transición ecológica y digital, se adelantará 27.000 millones en los PGE de 2021 y se eliminarán las trabas administrativas para su ejecución.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el plan de inversiones a tres años asociado a los primeros 72.000 millones de la UE, que estará centrado en las transformaciones ecológica y digital con el objetivo de sumar 2,5 puntos de PIB y 800.000 empleos en 2023.
En un acto al que han asistido de forma telemática todos los miembros del Gobierno, agentes sociales, embajadores de los países de la UE y representantes de la sociedad civil, Sánchez ha desgranado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española con el que pretende impulsar «una nueva modernización» del país.
Con este objetivo, la mitad de los 140.000 millones de euros en fondos europeos que le corresponden a España para los próximos seis años se movilizarán en el periodo 2021-2023 a través de proyectos que se ejecutarán en ese plazo.
En concreto, se trata de 72.000 millones (59.000 millones del fondo de recuperación y resiliencia y 12.400 millones del React-EU), a los que se suman otros 79.000 millones de fondos estructurales y de la política agrícola común (PAC).
Para acelerar los plazos y con independencia de cuándo efectúe los pagos la Comisión Europea, los futuros Presupuestos de 2021 -que «España necesita perentoriamente», según Sánchez- adelantarán una primera anualidad de estas ayudas, por un total de 27.436 millones de euros.
Tal y como se había avanzando en los últimos meses, las transformaciones energética y digital constituyen los ejes transversales del plan, ya que copan un 70 % de las inversiones totales -un 37 % y un 33 %, respectivamente-. A ellas se suman la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
En materia energética, el objetivo es que en 2050 toda la energía que se consuma en España sea renovable, lograr 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023 y 5 millones en 2030, con 100.000 puntos de recarga, rehabilitar más de medio millón de viviendas para hacerlas más eficientes o restaurar 3.000 kilómetros de ríos, un proyecto al que se dedicarán 2.500 millones de euros.
Para avanzar en la transformación digital se extenderá la formación digital a más de 2,5 millones de pymes y se perseguirá que la cobertura 5G llegue al 75 % de la población, al tiempo que se formará en teletrabajo a 150.000 empleados públicos.
Sánchez ha desgranado las diez políticas tractoras que guiarán el plan: la agenda urbana y rural -que copará un 16 % de los recursos e incluye luchar contra la despoblación o mejorar la habitabilidad de entornos urbanos-, las infraestructuras -un 12 % de los recursos para restaurar ecosistemas o preservar infraestructuras- o la transición energética, a la que se destinará el 9 % de los fondos.
Junto a ellas, la modernización de la administración pública (5 % de los recursos), la digitalización empresarial (17 %), el pacto por la ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional de salud (17 %), la educación y formación continua (18 %), la política de los cuidados, que incluye la atención a dependientes (6 %), y la cultura y el deporte (1,1 %).
La décima política tractora, sin dotación, consistirá en la modernización del sistema fiscal, incrementado su progresividad y capacidad redistributiva.
En materia de gestión, para garantizar la ejecución de los fondos se va a constituir una comisión interministerial y una unidad de seguimiento del fondo de recuperación, se va a articular una colaboración específica con las comunidades autónomas y se abrirá interlocución con las empresas que participen en los proyectos.
Al mismo tiempo, para agilizar la absorción de fondos se van a eliminar trabas administrativas, emprender las reformas legales para que la gestión sea «impecable» y transparente y se diseñará una gobernanza eficaz.
Sánchez ha puesto en valor la «fuerza de la unión» que ha permitido dar una «respuesta sin parangón» a la pandemia pese al «griterío partidista», por lo que ha reclamado a los partidos una «colaboración mínima en beneficio del interés general y del bien común».