El citado plan es un instrumento de gobernanza en la administración pública del agua, mediante el que se establece un análisis crítico respecto a las dificultades con que dicha Administración se enfrenta en los sectores de la depuración, el saneamiento y la reutilización del agua residual en España.
El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (DSEAR) de Agua entrará este miércoles en vigor, tras su publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado.
El citado plan es un instrumento de gobernanza en la administración pública del agua, mediante el que se establece un análisis crítico respecto a las dificultades con que dicha Administración se enfrenta en los sectores de la depuración, el saneamiento y la reutilización del agua residual en España.
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Además de identificar los distintos problemas detectados en el ámbito del agua, desarrolla propuestas de mejora para superarlos desde la propia administración. De este modo, pretende reaccionar y poner solución a los problemas que han condicionado el limitado avance observado en la materialización de los programas de medidas que acompañan a los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021) en el ámbito de las citadas materias para que no vuelvan a reproducirse durante el tercer ciclo de planificación, 2021-2027.
Más de 500 aglomeraciones urbanas españolas que aglutinan a 10,7 millones de habitantes no cumplen con los parámetros de la Directiva Marco sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Esto supone el incumplimiento de más del 25 por ciento de las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes constituidas en España.
De acuerdo con la orden ministerial que este martes publica el Boletín Oficial del Estado, los trabajos del Plan DSEAR permitirán establecer unos programas de medidas mejor dimensionados, que incorporen una adecuada priorización de actuaciones y que resulten eficaces para alcanzar los objetivos ambientales y socioeconómicos requeridos en la fecha deseada.
Las propuestas del Plan DSEAR buscan aumentar la eficacia de la acción de la administración pública del agua y el mejor cumplimiento de las obligaciones comunitarias.
