La previsión de que un centenar de personas migrantes llegaran a un hotel de Manzanares ha quedado suspendida. La decisión, comunicada oficialmente por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, se fundamenta en la evaluación técnica realizada por la ONG ‘Movimiento por la Paz’, que ha considerado que el establecimiento inicialmente propuesto no reúne las condiciones adecuadas para albergar a los 116 migrantes previstos, procedentes de Mali y Senegal.
El asunto, que ha generado gran revuelo entre la población, ha puesto de manifiesto no solo la tensión social derivada de este tipo de acogidas, sino también la necesidad de mayor coordinación institucional y transparencia en el desarrollo de estos dispositivos humanitarios. El Ayuntamiento de Manzanares, encabezado por su alcalde, Julián Nieva, ha insistido en que no recibió notificación previa de esta actuación y que no se daban las condiciones idóneas para acoger con garantías a estas personas, en un contexto de alta sensibilidad vecinal.
El informe de la ONG frena la operación de acogida
Según ha explicado David Broceño, la ONG responsable del proyecto —’Movimiento por la Paz’— ha evaluado la idoneidad del hotel manzanareño y ha concluido que el proyecto no es viable en este momento. Este criterio se basa en aspectos técnicos y logísticos, descartando cualquier tipo de motivación política o social.
No obstante, desde la propia ONG se ha matizado que aún se están valorando opciones y que no se ha cerrado completamente la posibilidad de una futura acogida, aunque todo dependerá del cumplimiento de los estándares necesarios en el alojamiento y del desarrollo del proyecto de integración.
Reacciones en el municipio: preocupación, crítica y mensajes de odio
La noticia ha suscitado reacciones muy diversas en Manzanares. El propietario del hotel, José Vicente Herrerías, explicó en un comunicado que la acogida de estas personas supondría también un beneficio económico y social para la localidad, al crear hasta 15 nuevos puestos de trabajo, incluyendo monitores, administrativos y profesores. Subrayó, además, que los migrantes estarían siempre acompañados por personal de la ONG, y que se trataba de personas no conflictivas que huían de la miseria y la guerra.
Sin embargo, el empresario ha sido víctima de una intensa campaña de acoso en redes sociales, con amenazas y comentarios de tinte xenófobo. Herrerías pidió respeto y empatía, recordando que estas personas “han arriesgado su vida cruzando el mar en cayucos” y que la Unión Europea no puede ignorar esta realidad humanitaria.
Desde el Gobierno central, el subdelegado Broceño condenó con firmeza los discursos de odio y los bulos, recordando que no existe relación entre inmigración y delincuencia, y que la mayoría de los delitos registrados en la provincia son cometidos por ciudadanos españoles.
Los partidos políticos entran en escena
El clima social que ha acompañado este anuncio ha sido aprovechado por PP y Vox, quienes han anunciado su intención de preguntar en el próximo pleno municipal por las gestiones del alcalde socialista en relación a este asunto. Desde el Partido Popular, se cuestiona si esta decisión está vinculada a “un pago político” por parte del Gobierno regional al alcalde Julián Nieva, tras su designación como senador autonómico por el PSOE.
Vox, por su parte, ha convocado una concentración en la Plaza del Ayuntamiento para expresar su rechazo a las “políticas de inmigración ilegal”, en una actitud que ha sido criticada por distintos sectores sociales por su carácter polarizante.
La acogida migratoria, una cuestión que requiere consenso institucional
Este episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de establecer protocolos claros, coordinación institucional y campañas informativas eficaces para gestionar con garantías los programas de acogida humanitaria en municipios medianos y pequeños. La falta de información previa a los gobiernos locales, así como la utilización partidista de un asunto tan sensible como es la migración, contribuyen a generar crispación y desconfianza entre la ciudadanía.
Desde el Ayuntamiento de Manzanares se ha insistido en que cualquier plan de acogida debe contar con el consenso local, asegurar las condiciones materiales y humanas necesarias, y garantizar la seguridad y la integración tanto de los acogidos como del entorno.
Mientras se enfría la tensión inicial, la ciudadanía permanece a la espera de nuevas decisiones oficiales, en un momento en el que la gestión de la migración vuelve al primer plano del debate político y social.
