Las universidades catalanas han vulnerado los derechos a la libertad ideológica, a la libertad de expresión, y a la educación como consecuencia de los manifiestos separatistas acordados por los claustros en apoyo a los condenados por el golpe de Estado de octubre de 2017 y a los investigados en el Tribunal de Cuentas por el mismo hecho.

Así la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechaza el recurso de la Universidad de Barcelona y condena al centro por haber aprobado un manifiesto en contra de la sentencia por la asonada independentista, ya que considera que tal texto lesiona las libertades ideológica y de expresión de todos los integrantes de la universidad, el derecho a la educación de sus alumnos, además de poner en peligro la libertad de cátedra.

El panfleto anulado llevaba por título “Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política” e incluía todas las falsedades vertidas por los partidos separatistas y sus medios de comunicación en torno al golpe de Estado y contra la sentencia.

El Supremo considera al respecto que “las universidades públicas como Administración Pública institucional y, dentro de las mismas, el Claustro Universitario como órgano de gobierno representativo de una comunidad universitaria plural, no puede adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía”.

La entidad “Universitaris per la Convivència”, que fue la que denunció el manifiesto ante los tribunales, recuerda que el texto referido se sometió a la aprobación de todos los claustros de las universidades públicas catalanas “en el clima de alta tensión de octubre de 2019 generado por los graves altercados callejeros que siguieron a la sentencia del procés”. Y añade: “No nos cabe duda de que la intención de sus promotores era poner al conjunto del sistema universitario catalán al servicio de una causa ideológica todo lo respetable que se quiera, pero partidista y fuertemente divisiva de la ciudadanía, como ahora la sentencia del Tribunal Supremo se encarga de recordar”.