El alto tribunal respalda a Llarena y niega la amnistía a Puigdemont por malversación
El Tribunal Supremo ha confirmado oficialmente que Carles Puigdemont, junto a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, no podrá beneficiarse de la ley de amnistía respecto al delito de malversación por el que están procesados en relación con los hechos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La decisión, emitida por los magistrados Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola, desestima los recursos de apelación presentados por las defensas, avalando el criterio del juez Pablo Llarena. La Sala concluye que no existe una contradicción entre la resolución del instructor del caso y la voluntad del legislador plasmada en la ley de amnistía.
El Supremo interpreta que la malversación no entra en la amnistía
El argumento central de la resolución judicial se basa en que la malversación cometida no puede ser considerada amnistiable al entender que no se ajusta a los supuestos de la ley. Para los magistrados, el uso de fondos públicos para financiar un referéndum ilegal, aun sin enriquecimiento personal, constituye una conducta ajena a los fines protegidos por la norma de amnistía.
La defensa había sostenido que no existía ánimo de lucro personal y que los fondos públicos no habían tenido como destino final un enriquecimiento propio, sino el ejercicio de una acción política. Sin embargo, el Supremo refuerza la tesis de que el perjuicio a los recursos públicos por una causa no reconocida legalmente es suficiente para excluir el beneficio de la amnistía.
Se mantiene la orden de detención en España
La resolución mantiene activas las órdenes de detención nacionales contra los tres dirigentes independentistas. Esta decisión podría impactar directamente en el regreso a España de Carles Puigdemont, actualmente eurodiputado y residente en Bélgica, así como en sus aspiraciones políticas en Cataluña.
Además, el auto genera implicaciones políticas de calado, especialmente en un momento de alta tensión entre el Gobierno central y el independentismo catalán. La ley de amnistía fue impulsada como parte de los acuerdos de investidura del presidente Pedro Sánchez, con el respaldo de formaciones como ERC y Junts per Catalunya, liderada esta última por el propio Puigdemont.
Posturas encontradas: Fiscalía frente al Supremo
La Fiscalía del Tribunal Supremo se había pronunciado a favor de la aplicación de la amnistía, defendiendo que no existía base para imputar malversación con agravante ni enriquecimiento. No obstante, el alto tribunal ha optado por respaldar la línea del juez Llarena.
Este pronunciamiento judicial no es definitivo en términos procesales, ya que se podrán plantear nuevos recursos, pero supone un duro revés para la estrategia legal de Puigdemont y sus colaboradores, además de una interpretación restrictiva de la amnistía en lo relativo a delitos económicos.
Reacciones políticas tras la decisión
Desde el entorno independentista, la decisión del Supremo ha sido calificada como «una interpretación política de una ley que debería ser clara y restaurativa», mientras que desde las filas del Partido Popular y Vox se ha acogido con satisfacción la decisión, al considerarla un ejemplo de independencia judicial.
En el ámbito gubernamental, se espera una respuesta institucional moderada, pero ya se han alzado voces que cuestionan la interpretación restrictiva del Supremo y su alineación con posturas conservadoras respecto al proceso soberanista catalán.
¿Qué implicaciones tendrá esta decisión?
- Refuerzo de las órdenes de detención nacionales contra Puigdemont, Comín y Puig.
- Bloqueo temporal del regreso a España de los líderes independentistas.
- Nueva grieta política entre los partidos del Gobierno de coalición y sus socios independentistas.
- Posibles efectos sobre la tramitación definitiva de la ley de amnistía en su paso por el Senado y su aplicación práctica.
La decisión judicial se suma a un escenario jurídico-político complejo que mantiene a la ley de amnistía como uno de los puntos más controvertidos de la legislatura. La resolución del Supremo abre ahora nuevos interrogantes sobre cómo se aplicará esta norma en otros casos similares y hasta qué punto puede garantizar el retorno político de los dirigentes del ‘procés’.
