La Generalitat Valenciana presenta este miércoles el recurso anunciado ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura y en el que pedirá la suspensión cautelar de los caudales ecológicos, tal y como están recogidos en el decreto del Plan Hidrológico del Tajo, al considerar que es «una decisión arbitraria que no se fundamente en criterios técnicos».
Así lo ha indicado la Generalitat tras la reunión que ha mantenido el jefe del Consell, Ximo Puig, con la consellera de Agricultura, Isaura Navarro, y representantes de los regantes, a quienes han informado sobre el recurso en defensa del trasvase Tajo-Segura. En el encuentro han participado los presidentes de Fecoreva, Pascual Broch; Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura, Javier Berenguer; Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, Jose Antonio Andújar, y la Asociación de Jóvenes Agricultores Asaja Alicante, José Vicente Andreu.
Puig ha explicado los argumentos jurídicos en los que se basa el recurso contencioso-administrativo que presentarán este miércoles, en un encuentro donde se ha manifestado «la unión ante una misma causa, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, así como el trabajo conjunto entre los regantes y la Generalitat en la defensa de la agricultura y el agua».
El recurso cuestiona «aquellos aspectos que se consideran lesivos en el decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura». En concreto, se dirige contra la nueva disposición adicional novena que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo.
Tras la reunión, Javier Berenguer, presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante, margen izquierda de río Segura, ha ejercido de portavoz. «Estamos unidos en la misma causa, seguir trabajando juntos con la Generalitat Valenciana para que no se aumenten los caudales ecológicos», ha indicado.
El Consell entiende que es necesario que el alto tribunal acuerde la suspensión cautelar de esos caudales ecológicos, en los términos establecidos por el citado decreto, «por tratarse de una decisión arbitraria que no se fundamente en criterios técnicos».