Hay conflictos políticos que podrían evitarse sólo con un poco de anticipación. El año 2023 arranca con la Generalitat y los regantes enfrentados al Gobierno por el fin de las ayudas al agua desalada. Una polémica que no se habría producido con algo de previsión.

Desde el 1 de enero, los agricultores pagarán tres veces más cara el agua procedente de la desalación porque han finalizado las ayudas contra los efectos de la sequía. El Ejecutivo prepara otro real decreto con nuevas subvenciones hasta que, en los próximos años, el desarrollo de las energías renovables abarate la producción de las desaladoras. Pero esto no ha impedido ni las quejas de la Generalitat ni la convocatoria de una manifestación de los regantes de Alicante, Murcia y Almería, el próximo 11 de enero en Madrid, en la que también reclamarán la continuidad del trasvase del Tajo-Segura.

En el Gobierno valenciano y en el PSPV creen que al Ejecutivo le ha faltado “sensibilidad” en este tema y que se podía haber neutralizado el malestar de los regantes con un poco más de trabajo previo. Aunque desde el Ministerio de Transición Ecológica se asegura que a finales de diciembre fueron informados de que se ultimaban nuevas ayudas para el agua desalada, desde la Generalitat se replica que hasta ellos mismos desconocían que el 31 de diciembre expiraban la subvenciones vigentes durante todo 2022. Se podía haber intentado, explican las fuentes consultadas, tener antes una solución, “lista desde el 1 de enero” para evitar el conflicto. No hay una “visión política”, lamentan, sobre un asunto que el PP “ha instrumentalizado durante años” y que ha estallado a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

A esto se añade el endurecimiento de los requisitos para la supervivencia del trasvase, introducidos en el borrador de real decreto que prepara el Gobierno sobre demarcaciones hidrográficas, que la Comunidad Valenciana ha conocido con la remisión del texto al Consejo de Estado y que ha llevado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a presentar alegaciones y a protestar públicamente.

En declaraciones a Onda Cero, Puig aseguró este miércoles que “lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener” pero se mostró partidario de negociar para conseguir un acuerdo sobre el trasvase, tras la introducción de más limitaciones de caudal ecológico para su consecución.

FALTA DE SINTONÍA ENTRE EL MINISTERIO Y LOS REGANTES

En los últimos años la Generalitat ha ejercido de mediador entre el Ministerio y los regantes para “desbloquear” la incomunicación, consciente de que ambos tienen parte de razón. Los agricultores, porque no pueden prescindir del trasvase si no hay una fuente de agua alternativa, y la vicepresidenta Teresa Ribera, que insiste en prepararse frente a los efectos del cambio climático que afectan también al caudal del Tajo. Por eso la postura del Gobierno valenciano es apostar por un “mix” que combine más desalación y el mantenimiento del trasvase.

Pero eso implica que el Ejecutivo se comprometa a un calendario de inversiones para, entre otras actuaciones, explican, ampliar la desaladora de Torrevieja, que ahora surte sobre todo a Murcia y hacer canalizaciones para que llegue a Alicante. En esta línea la propia vicepresidenta anunció ayer la creación de una comisión bilateral entre el Ministerio y el Consell para “dar seguimiento” a las obras. La primera reunión se celebrará antes de que acabe enero en Valencia.

El perfil ecologista de Ribera ha provocado choques con algunos barones. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ya avisó en el último congreso del partido del malestar del campo con el PSOE por las políticas medioambientales. La apuesta verde del Ejecutivo que Pedro Sánchez ha convertido en una bandera ha generado roces con autonomías más rurales como Asturias o Castilla-La Mancha, con un déficit estructural de agua como la Comunidad Valenciana o afectadas por el cierre de centrales térmicas como Aragón

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