Miguel Ángel González reclama al Gobierno municipal que aclare el supuesto uso privado de una instalación pública y pide responsabilidades si no ofrece explicaciones convincentes.
El secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel González, ha reclamado al alcalde explicaciones públicas sobre el supuesto uso indebido de una instalación municipal por parte de un concejal del grupo municipal del PP y sobre el proceso judicial por presunto acoso laboral al que también alude en su intervención.
En un vídeo remitido a los medios de comunicación, González sostiene que el alcalde está desviando el debate mediante críticas al Partido Socialista y a su propia persona. Frente a ello, centra sus preguntas en qué medidas adoptará el Gobierno municipal ante los hechos que denuncia.
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El dirigente socialista asegura que existen «fotos» y «pruebas» que, a su juicio, acreditarían un mal uso de una instalación pública por parte de un concejal del grupo municipal del PP. González pregunta al alcalde qué piensa hacer y qué explicación dará a la ciudadanía sobre la presencia de personas ajenas a la Corporación y el supuesto uso privado de dependencias municipales y de llaves públicas.
La intervención difundida por el PSOE no concreta en qué instalación se habrían producido estos hechos ni aporta más detalles sobre las circunstancias del supuesto uso indebido.
González también pide explicaciones sobre el proceso judicial
El secretario general socialista vincula además sus críticas con un proceso judicial por presunto acoso laboral en el que, según afirma, están siendo investigados el propio alcalde, su teniente de alcalde, el señor Barba, y el concejal señor Trujillo.
González sostiene que distintos grupos municipales están solicitando explicaciones sobre este asunto y reclama al alcalde que responda públicamente.
El responsable del PSOE de Puertollano considera que, si el alcalde no puede ofrecer «explicaciones convincentes» sobre estas cuestiones, debería asumir responsabilidades políticas. En su mensaje, vuelve a hablar de un supuesto «abuso de poder» sobre trabajadores y sobre los bienes públicos y concluye defendiendo que, si no logra aclarar estas circunstancias, «lo que toca es que se eche a un lado».
