Manuela Nieto-Márquez sostiene que la Junta ha transferido 1,5 millones de euros al Ayuntamiento de Ciudad Real para el Plan Corresponsables y atribuye el reintegro exigido a incumplimientos administrativos.
La financiación del Plan Corresponsables en Ciudad Real vuelve a enfrentar al Gobierno regional y al Ayuntamiento de la capital. La secretaria de Dinamización de Agrupaciones, Movilización y Campañas del PSOE y delegada provincial de Igualdad, Manuela Nieto-Márquez, ha defendido la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha asegurado que el consistorio ha recibido 1,5 millones de euros hasta la quinta edición del programa, frente a una aportación municipal de 38.000 euros de fondos propios.
La responsable socialista ha respondido así a las acusaciones de deslealtad y sectarismo planteadas por el Ayuntamiento en relación con el programa, destinado a facilitar la conciliación familiar mediante servicios de atención y cuidado de menores.
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Nieto-Márquez considera que las cifras de financiación reflejan el peso de la aportación autonómica en el desarrollo de estas políticas. No obstante, el conflicto entre ambas administraciones se centra también en el reintegro íntegro de fondos que se ha requerido al Ayuntamiento por la ejecución y justificación de las ayudas.
Unos 2.100 hogares beneficiados hasta la cuarta edición
El Plan Corresponsables comenzó en 2021 y permite financiar recursos de cuidado para niños, niñas y adolescentes de entre cero y 16 años. Estos servicios cobran especial relevancia durante los periodos no lectivos, como las vacaciones de Semana Santa, Navidad y verano, cuando las familias necesitan compatibilizar sus horarios laborales con el cuidado de sus hijos.
Según los datos expuestos por Nieto-Márquez, alrededor de 2.100 familias de Ciudad Real se habían beneficiado de estos recursos hasta la cuarta edición. A esa cifra se añadirán las familias atendidas durante la quinta convocatoria, cuya ejecución está prevista hasta el 31 de diciembre.
La delegada provincial ha explicado que el Gobierno regional optó desde el inicio por transferir directamente los fondos a los ayuntamientos, al considerar que las administraciones locales conocen de primera mano las necesidades de sus vecinos.
Además, ha destacado que la quinta edición incluye una aportación de 1,3 millones de euros de fondos propios de la Junta para municipios de más de 10.000 habitantes, entre los que se encuentra Ciudad Real.
La sexta edición, pendiente de publicación
En relación con la continuidad del programa, Nieto-Márquez ha indicado que el plazo de adhesión a la sexta edición terminó el pasado 20 de octubre y que el Ejecutivo autonómico trabaja para publicar la nueva convocatoria antes de finalizar el año.
La responsable socialista también ha señalado que la mayoría de los ayuntamientos de la provincia han vuelto a sumarse al programa para mantener los recursos destinados a la igualdad y la conciliación.
La continuidad de estas ayudas resulta relevante para las familias que utilizan los servicios de cuidado, especialmente durante las vacaciones escolares y otros periodos en los que deben compatibilizar el empleo con la atención a los menores.
El reintegro de la subvención, pendiente de resolución judicial
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de Ciudad Real es la solicitud de devolución íntegra de los fondos del programa.
Nieto-Márquez ha rechazado que esta decisión responda a motivos políticos y sostiene que obedece al incumplimiento de los requisitos de ejecución y justificación establecidos en el decreto regulador y en la normativa de subvenciones.
La delegada provincial ha afirmado que las mismas reglas se aplican a todos los ayuntamientos y ha señalado que Ciudad Real es el único municipio al que se ha requerido el reintegro íntegro de los fondos en el marco de las ediciones afectadas por el incumplimiento de los requisitos establecidos.
Asimismo, ha confirmado que el Ayuntamiento ha recurrido la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Por tanto, habrá que esperar a la resolución judicial para conocer el desenlace del procedimiento.
Nieto-Márquez ha concluido defendiendo la colaboración entre administraciones para garantizar que los servicios de conciliación sigan llegando a las familias, al margen de las diferencias políticas existentes entre los gobiernos implicados.
