Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha autoriza la adquisición de reactivos para la realización de la prueba del talón por valor de 1 millón de euros.
El anteproyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021 se ha diseñado para afrontar la lucha contra la pandemia de coronavirus y sus consecuencias sobre la economía y la protección social.
Así lo ha manifestado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, uno de ellos la toma en consideración del anteproyecto de ley de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021 y su remisión al Consejo Consultivo, con vistas a que pueda entrar en vigor el 1 de enero.
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El objetivo, ha explicado Fernández, es ir avanzando en el diseño y filosofía de las cuentas regionales para el próximo año a la espera de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera que marque las directrices para las comunidades autónomas.
Así, las prioridades del presupuesto son tres: los servicios fundamentales de sanidad y educación, las políticas de gasto para minimizar el impacto de la crisis sanitaria y la recuperación de la actividad económica.
Todo ello, ha continuado, preservando la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas en coherencia con los compromisos adquiridos por el Estado en el marco de la normativa comunitaria europea.
Fernández ha reconocido que el proyecto de ley no podrá ser presentado en las Cortes regionales antes del 1 de octubre como está fijado en el Estatuto de Autonomía, porque los plazos dependen de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
«Estamos a la espera de que, tal como se comprometió, el Ministerio de Hacienda, nos convoque en los próximos días a la reunión de este Consejo en el que se nos debe facilitar a las comunidades autónomas la cifra de las entregas a cuenta que nos corresponden para el próximo ejercicio y el objetivo de déficit”, ha explicado.
Blanca Fernández también se ha referido a la importancia que tendrán para Castilla-la Mancha la llegada de los fondos de recuperación europeos «Next Generation» de la Unión Europea para resolver problemas estructurales que tienen las comarcas afectadas por la despoblación.
Ha indicado, en ese sentido, que el anteproyecto de ley de presupuesto contempla los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar que la asignación de estos fondos se pueda incorporar cuando lleguen.
La portavoz ha recordado que en Castilla-La Mancha ese dinero se empleará para avanzar en la transición digital y en la transición verde, dos ejes para aplicar en las políticas contra la despoblación.
Con el primero, el objetivo es mejorar el acceso a las nuevas tecnologías, la digitalización de servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, favorecer el teletrabajo y la instalación de empresas; y con el segundo, se trata de aprovechar los recursos naturales para generar empleo y riqueza.
UN MILLÓN PARA LA PRUEBA DEL TALÓN
En otro orden, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto cercano al millón de euros para la compra de los reactivos necesarios para la realización del cribado neonatal, más conocido como prueba del talón, los años 2021 y 2022.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional ha destacado la utilidad de esta prueba, que se realiza a los recién nacidos entre las primeras 48 a 72 horas de vida para la detección de determinadas enfermedades antes de que presenten sus síntomas.
El programa tiene por objeto disminuir la incidencia de problemas en el desarrollo infantil que pueden derivar en algún tipo de discapacidad psíquica o física ocasionadas por estas enfermedades en los recién nacidos, por lo que su detección precoz es muy relevante para la instauración inmediata de tratamiento.
Fernández ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido incrementando paulatinamente el número de enfermedades y patologías incluidas en este programa de detección precoz, pasando de las 3 incluidas en 2012 a 16 en 2016, 20 en 2017 y 24 desde noviembre de 2018.
A FAVOR DE LOS CRITERIOS DE SANIDAD
Por último y de otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado que apoya y acepta los criterios que propone el Ministerio de Sanidad para aplicar restricciones de movilidad con el fin de frenar la expansión del coronavirus, tras el acuerdo alcanzado con Madrid, y que esta tarde se debatirá en el Consejo Interterritorial de Salud.
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por el que se adoptaría un criterio común en España para aplicar medidas especiales de contención del virus.
Estos criterios son una tasa de incidencia de COVID superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, tener ocupadas más del 35 % de las UCI y una tasa superior al 10 % de positivos en pruebas PCR.
Para Fernández, este acuerdo es «muy positivo» porque la unidad es «la mejor vacuna contra el virus» y, en ese sentido, ha dicho que cuando desde las administraciones se llama a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos, también hay que llamar a la responsabilidad de los cargos políticos.
En ese sentido, la portavoz del Gobierno ha pedido al jefe del PP regional, Francisco Núñez, que deje a un lado la demagogia y deje de cuestionar las decisiones que se toman en Castilla-La Mancha para frenar los contagios de coronavirus porque son, ha dicho, decisiones epidemiológicas adoptadas para proteger la salud pública.
Le ha pedido que se sume al criterio científico y sanitario, que según ha afirmado, es el que se aplica cuando se toman medidas que son necesarias para proteger la salud pública.
