El juez del caso Negreira decide imputar a Joan Laporta por pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2008 y 2010.
El juez Joaquín Aguirre ha decidido imputar al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en relación con los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2008 y 2010. Estos pagos, realizados durante el mandato anterior de Laporta, se consideran un delito de cohecho continuado.
Detalles del caso
- La Fiscalía Anticorrupción había excluido a Laporta de la denuncia relacionada con los 7,3 millones de euros pagados a José María Enríquez Negreira y a su hijo entre 2001 y 2018. Sin embargo, el juez Aguirre ha decidido incluir a Laporta en la investigación.
- El juez sostiene que los pagos pueden constituir un delito de cohecho continuado, lo que extiende el plazo de prescripción a diez años desde el último acto delictivo. Esto incluiría los pagos realizados desde 2008 hasta 2010, período en el que Laporta presidía el club.
- Aunque no se ha demostrado que los pagos a Enríquez Negreira tuvieran como objetivo favorecer al Barça a través del arbitraje, el juez cree que estos pagos beneficiaron al club en detrimento de otros equipos de la Liga.
- El juez también ha imputado al FC Barcelona como entidad jurídica y a otros expresidentes del club, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.
Implicaciones para el FC Barcelona
La imputación de Laporta y otros directivos del Barça podría tener graves consecuencias para el club, tanto en términos de reputación como financieros. Además, si se demuestra que los pagos constituyen un delito de cohecho, los implicados podrían enfrentar penas significativas.
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El juez Aguirre ha basado su decisión en la jurisprudencia que considera a la Real Federación Española de Fútbol como una entidad jurídico-pública, lo que significa que sus directivos desempeñan funciones públicas. Esto es crucial para el delito de cohecho, que requiere que los pagos se realicen a un funcionario público.
Próximos pasos
Las defensas del Barça y de los directivos investigados han presentado recursos contra la imputación por cohecho. Argumentan que Negreira no puede ser considerado funcionario, ni siquiera a efectos penales. El caso continúa en desarrollo y se espera que haya más actualizaciones en el futuro.
