Miguel Ángel Valverde durante su comparecencia en la que explica la decisión del SCIS de no enviar efectivos al incendio de Guadalajara.
Miguel Ángel Valverde durante su comparecencia en la que explica la decisión del SCIS de no enviar efectivos al incendio de Guadalajara.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real defiende que la decisión de no enviar efectivos del SCIS respondió a criterios técnicos para garantizar la seguridad en la provincia.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha exigido al consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, que rectifique las declaraciones en las que aseguró que la institución provincial fue la única diputación de la región que no desplazó efectivos al incendio forestal declarado en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara.

Valverde ha rechazado que existiera una negativa a colaborar y ha explicado que la decisión del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) se adoptó tras una evaluación técnica sobre la disponibilidad de personal y la necesidad de mantener garantizada la cobertura de emergencias en toda la provincia desde sus nueve parques de bomberos.

El presidente provincial ha calificado las manifestaciones del consejero de «desafortunadas e irresponsables» y ha considerado que evidencian un desconocimiento del funcionamiento de los servicios de emergencia y de los criterios que rigen la movilización de sus efectivos.

«Estamos en disposición de ayudar a todo aquel que nos lo pida, pero cuando se pueda», ha afirmado Valverde, quien ha insistido en que no pueden desplazarse recursos si ello supone reducir la capacidad de respuesta ante un incendio, accidente o cualquier otra emergencia que pueda producirse en la provincia de Ciudad Real.

El SCIS evaluó la petición antes de descartarla

Valverde ha explicado que, tras recibirse la solicitud de colaboración, el presidente del SCIS, Julián Triguero, reunió a varios jefes de parque y a la coordinadora del servicio operativo para estudiar la posibilidad de enviar medios al incendio de Guadalajara.

Según ha señalado, los responsables operativos concluyeron que en ese momento no era viable desplazar personal y vehículos sin comprometer la cobertura de las emergencias en la provincia. Por ello, ha insistido en que la decisión respondió exclusivamente a criterios técnicos y no a una falta de solidaridad o a una decisión política.

En este contexto, el presidente de la Diputación ha planteado qué habría ocurrido si, durante la ausencia de los efectivos, se hubiera producido un incendio de gran magnitud o cualquier otra emergencia grave en Ciudad Real, dejando sin capacidad suficiente de respuesta al Consorcio.

Valverde recuerda las limitaciones de personal

El presidente de la Diputación también ha aludido a las dificultades de personal que arrastra el servicio, agravadas durante el periodo vacacional. Ha recordado que durante años permanecieron paralizadas ofertas públicas de empleo y bolsas de trabajo, una situación que, según ha indicado, el actual equipo de gobierno ha tratado de corregir.

En este sentido, ha señalado que en los últimos años se han incorporado 107 nuevos profesionales al servicio de bomberos, aunque ese refuerzo se ha visto compensado en parte por un elevado número de jubilaciones, lo que obliga a planificar cuidadosamente la disponibilidad de efectivos.

Asimismo, ha recordado que el propio SCIS defendió públicamente que la decisión de no desplazar medios al incendio de Guadalajara se sustentó en criterios estrictamente técnicos y operativos.

Por todo ello, Valverde ha reclamado al consejero que rectifique sus declaraciones o, al menos, que se informe antes de realizar acusaciones públicas que, a su juicio, ponen en cuestión la profesionalidad y la solidaridad del servicio de bomberos de la provincia.

El presidente provincial ha concluido reiterando la disposición de la Diputación y del SCIS a colaborar con otras administraciones siempre que las circunstancias operativas lo permitan, aunque ha subrayado que esa colaboración no puede ejercerse a costa de dejar desatendida la protección de los ciudadanos de la provincia.