El Partido Popular (PP) está considerando una estrategia basada en la aplicación previa del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en 2017. Esta táctica se centra en un reglamento diseñado por Cristóbal Montoro, que resultó crucial para enfrentar a los separatistas.

El poder de un reglamento

La mayoría de las personas están familiarizadas con los eventos de octubre de 2017 en Cataluña y la aplicación del artículo 155. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que el verdadero poder no residía en la activación de este artículo, sino en la publicación de un reglamento. Este reglamento, creado por el Ministerio de Hacienda de la época, tenía como objetivo cortar la financiación a la comunidad autónoma a menos que se pudiera verificar el destino de las facturas de gasto de sus entidades públicas.

Asfixia financiera

Este reglamento resultó ser una herramienta poderosa para asfixiar financieramente a los separatistas, reduciendo el riesgo de que se destinaran fondos públicos para propósitos inapropiados.

La Orden HFP/878/2017

Se refiere específicamente a la Orden HFP/878/2017, que estableció medidas para defender el interés general y garantizar los servicios públicos fundamentales en Cataluña. Esta orden permitió la intervención del gasto del Govern, lo que se vio como una toma de control de las cuentas catalanas por parte del Ministerio de Hacienda.

El papel del Senado

El informe destaca la importancia del Senado en este proceso y sugiere que se podría hacer más en el futuro. Argumenta que el Senado tiene el poder de contrarrestar legalmente la amnistía, que afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos. Para ello, se propone que el Senado modifique su reglamento para excluir ciertas proposiciones de ley de los plazos de tramitación estándar.

El informe concluye con una crítica al Tribunal Constitucional y sugiere que se podrían utilizar otras tácticas legales para contrarrestar decisiones que consideran problemáticas. En general, el informe destaca la importancia de los reglamentos y el papel que pueden desempeñar en la política española.

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