El PP acusa a Sánchez de «lavarse las manos» y de recurrir a la «improvisación» ante los rebrotes.
Pablo Casado abre una nueva puerta para el Gobierno. El presidente del PP ha explicado este lunes que existe la posibilidad de reformar la ley general de Sanidad de 1986 de forma exprés para que se pueda restringir la movilidad de los ciudadanos «sin tener que recurrir al estado de alarma». Así lo expresó en la reunión del comité de seguimiento del coronavirus de los populares. La idea es se pueda mantener el mando único en manos del Ejecutivo y además poner freno a la movilidad.
Tras denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «vuelve a ir por detrás de los acontecimientos, como en el mes de marzo», ha insistido en la urgencia de tomar medidas como ésta.
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Ha asegurado que se trata de una propuesta completamente «garantista», que entre otras cosas defiende que, si se decide la privación total de un derecho, como la reclusión o el internamiento hospitalario forzoso, siga necesitando autorización judicial, mientras que la limitación de esos derechos sería posible por parte de la autoridad competente.
El texto que proponen los populares habla del sometimiento obligado a observación de salud pública para las personas sospechosas de haberse contagiado; el sometimiento a cuarentena, a aislamiento o a tratamiento cuando proceda y la localización de los contactos de los sospechosos de contagio o confirmados.
También recoge que se pueda controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada, así como los movimientos en su interior, y la posibilidad de condicionar el derecho de reunión. «Una vez más, nos anticipamos al Gobierno», ha dicho Casado tras exponer su denominado «plan B», que incluye esta propuesta de reforma legal.
