La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular (PP), Noelia Núñez, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a fortalecer las Fiscalías de Criminalidad Informática y las Fuerzas de Seguridad del Estado. La finalidad es mejorar la detección y la actuación frente a los ciberdelitos que afectan a menores en Internet y redes sociales. Núñez argumenta que ciertas conductas en el entorno digital, más allá de un uso indebido de las redes, pueden constituir delitos y, por tanto, requieren de una respuesta más ágil y efectiva.
Propuestas Concretas para la Protección de Menores
Dentro de una proposición no de ley enfocada en la protección de los menores en el entorno digital, el PP aboga por:
- La dotación de más recursos para las entidades encargadas de lidiar con los ciberdelitos.
- Mayor formación y especialización para las unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Esta iniciativa, que será registrada para su debate en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso, busca ampliar la percepción del peligro digital más allá de la exposición a contenidos pornográficos.
Desafíos en el Entorno Digital
Núñez enfatiza en problemáticas diversas como el ‘grooming’, el ‘ciberbullying’, el ‘sexting’, y el uso de tecnologías como el ‘deepfake’. Además, destaca la importancia de abordar estos retos desde una perspectiva de salud mental, considerando el impacto de la tecnología en los menores desde edades tempranas.
Compromiso con las Normativas Europeas
La PP insta al Gobierno a alinearse con el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, señalando deficiencias en su implementación en España. Entre las demandas específicas, se incluye la adecuación de los estatutos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para que cumpla eficazmente con su rol de autoridad competente bajo el DSA.
Llamado a la Acción Conjunta
Noelia Núñez critica la falta de voluntad de consenso por parte del Gobierno, subrayando la necesidad de una estrategia unificada entre todas las fuerzas políticas para abordar de manera efectiva la protección de los menores en el entorno digital. Este llamado a la acción resalta la urgencia de educar a los padres sobre las herramientas disponibles para supervisar el uso que sus hijos hacen de la tecnología, promoviendo un uso responsable y seguro.