El Partido Popular acusa a Raúl Bravo de ignorar advertencias legales para beneficiar a una mercantil vinculada a su familia, en una actuación que podría constituir prevaricación administrativa.
Contrataciones bajo sospecha: cuatro contratos a una misma empresa
El Grupo Municipal del Partido Popular en Torrenueva ha lanzado una grave acusación contra el alcalde socialista Raúl Bravo, al que señalan por haber adjudicado de forma directa cuatro contratos menores por valor de 128.953,72 euros a una empresa que, según documentación municipal, estaría incursa en causa de prohibición de contratar con la administración.
Según ha informado el PP en un comunicado, estas adjudicaciones se realizaron a pesar de contar con informes desfavorables emitidos por la Secretaría-Intervención del propio Ayuntamiento, donde se advertía expresamente del riesgo de incurrir en un posible delito de prevaricación, conforme al artículo 404 del Código Penal.
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El núcleo de la denuncia radica en la supuesta vinculación familiar entre el alcalde y uno de los socios de la empresa adjudicataria, que ostenta un 33 % de participación. Esta circunstancia, subrayan los populares, constituye un conflicto de intereses directo, prohibido por el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Advertencias ignoradas por la Alcaldía
Los reparos técnicos emitidos por la Secretaría-Intervención no fueron meros avisos formales. En ellos se incluían advertencias expresas sobre la posible ilicitud del procedimiento, en tanto que la empresa adjudicataria debía considerarse incompatible para contratar con el consistorio debido a la citada relación familiar.
Aun así, Raúl Bravo habría firmado las adjudicaciones, pasando por alto las alertas del órgano fiscalizador interno del Ayuntamiento. Desde el PP se insiste en que la reiteración en la adjudicación a una empresa vinculada al alcalde y la existencia de informes que lo desaconsejaban suponen indicios claros de una conducta deliberadamente contraria al derecho, lo que encajaría con la tipificación penal de la prevaricación administrativa.
Precedentes de otros reparos ignorados
Los concejales populares han recordado que no es la primera vez que el alcalde desoye advertencias técnicas. Apuntan a varios precedentes recientes, como una factura correspondiente a la compra masiva de entradas para festejos taurinos en 2023, cuya justificación fue cuestionada por la Secretaría, al no constar a quién se destinaban ni con qué finalidad se adquirieron.
Otro caso citado fue la contratación de un asesor jurídico externo, igualmente objeto de reparo por no acreditarse adecuadamente la necesidad de ese servicio, cuando la función era asumible por la propia Secretaría del Ayuntamiento. Según el PP, “la contratación olía a amiguismo”.
Posible responsabilidad penal y exigencia de explicaciones
“Desde el Partido Popular de Torrenueva no vamos a consentir comportamientos caciquiles, irresponsables y nada transparentes”, han afirmado los concejales populares, que anuncian que estudiarán la interposición de acciones legales para depurar responsabilidades. Añaden que esta actuación podría constituir una vulneración grave de los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia en la contratación pública.
Han exigido a Raúl Bravo explicaciones inmediatas ante una gestión que ha generado, aseguran, un profundo malestar entre los vecinos de Torrenueva, preocupados por el uso que se está haciendo de los recursos públicos.
Un modelo de contratación en entredicho
El procedimiento de contratos menores ha sido utilizado en este caso para adjudicar cuatro proyectos distintos a una misma mercantil. El modelo de contratación directa, legalmente previsto para servicios de menor cuantía, exige no obstante el respeto a la igualdad de trato y a los requisitos de concurrencia.
El hecho de que las adjudicaciones se concentren en una sola empresa vinculada a un familiar del alcalde, y que esto ocurra a pesar de la oposición de la Secretaría-Intervención, genera serias dudas sobre la legalidad del proceso.
Qué dice la Ley: artículo 71 del TRLCSP
El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público prohíbe la contratación con empresas que incurran en conflicto de intereses o que estén participadas por personas con vínculos directos con los responsables de la contratación. Este precepto es clave en el caso de Torrenueva, ya que la empresa adjudicataria está participada en un tercio por un familiar del alcalde, quien además ostenta directamente las competencias de contratación.
El artículo 404 del Código Penal señala que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo puede incurrir en delito de prevaricación, con consecuencias que podrían incluir inhabilitación.
Contexto político: mayoría y tensión en el Pleno
Raúl Bravo gobierna el Ayuntamiento de Torrenueva con mayoría absoluta desde las elecciones municipales de 2023. Sin embargo, en los últimos meses se ha agudizado la tensión en el Pleno, con el Grupo Popular denunciando supuestos casos de opacidad, enchufismo y favoritismos en la gestión municipal.
Fuentes del PP aseguran que esta nueva denuncia es la gota que colma el vaso, y que el malestar entre los vecinos se está traduciendo en un “hartazgo generalizado con la forma de gobernar” del actual equipo socialista.
Exigencia de transparencia y control
La oposición ha pedido públicamente que se inicie una auditoría externa de los contratos menores del Ayuntamiento, especialmente aquellos firmados durante los dos últimos años. Consideran imprescindible revisar los procedimientos de adjudicación y garantizar que no haya habido otras actuaciones similares en las que se hayan beneficiado personas del entorno del alcalde.
También han instado al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía a valorar el caso por si procediera una investigación formal.
Reacción del equipo de Gobierno
Hasta el momento, Raúl Bravo no ha emitido declaraciones públicas sobre la acusación del Partido Popular. Tampoco ha convocado comparecencia ni emitido comunicado oficial aclarando la situación o aportando su versión de los hechos. La ausencia de explicaciones ha sido criticada por la oposición, que considera que el silencio del alcalde incrementa la gravedad de las sospechas.
Desde el entorno del regidor se espera que en los próximos días se ofrezca una valoración oficial, aunque no se descarta que el PSOE local emita un comunicado para defender la legalidad de los procedimientos.
Posible recorrido judicial
En caso de que el Partido Popular formalice su denuncia ante la Fiscalía o ante un juzgado de instrucción, correspondería al Ministerio Público valorar si los hechos encajan en el tipo penal de prevaricación administrativa, un delito que requiere prueba de intencionalidad y arbitrariedad consciente por parte del responsable público.
En ese caso, podría abrirse una investigación penal, con toma de declaraciones y requerimiento de expedientes administrativos, que eventualmente derivaría en un proceso judicial.
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