El Gobierno consigue escapar por los pelos de una dura derrota parlamentaria en el primer pleno del año en el Congreso. Vox anunció este jueves por sorpresa su intención de abstenerse en la votación del decreto para la gestión de los fondos europeos. Y su voto, junto al sí que le darán PNV y EH Bildu, permitirá al Ejecutivo convalidar el texto, que se había visto en serio peligro tras el anuncio de ERC de que votará en contra.
Después de que los republicanos hicieran pública el miércoles su posición, el Ejecutivo tenía serias dudas de que vaya a poder aprobar un decreto clave para la gestión de los fondos europeos. El texto, que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre, básicamente aligera los trámites burocráticos para el manejo del dinero procedente de Bruselas, pero ERC considera que “su autor real es la CEOE” y “entrega todo el dinero al Ibex”, en palabras de su portavoz, Gabriel Rufián. Su rechazo a apoyar el decreto, como el de Junts, también se ve influido por la necesidad que existe entre los partidos de diferenciarse a dos semanas de las elecciones catalanas.
Sin sus votos, el Gobierno ha tenido que dedicar este jueves a buscar otros aliados que le permitan sacarlo adelante. Las miradas estaban puestas en partidos como Cs, pero finalmente ha sido Vox el que permitirá la convalidación del decreto con su abstención. La formación liderada por Santiago Abascal ha argumentado que es «urgente» que estos fondos lleguen «cuanto antes» a España para amortiguar el impacto de la crisis, y su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró que Vox no ha mantenido «ninguna» negociación con el Gobierno.
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El PP votará en contra, al igual que Cs, pese a que los naranjas estuvieron negociando una abstención que finalmente no se producirá. La diputada de Cs Mireia Muñoz afeó al Gobierno durante su intervención en el pleno que esas conversaciones no se hayan producido con más tiempo «si la norma es tan importante para España como dicen».
Tanto los partidos que no apoyarán el decreto como algunos que sí lo harán, como es el caso de EH Bildu, criticaron que Moncloa vaya a tener la última palabra sobre todas las decisiones sobre los fondos europeos. «El Congreso ni siquiera puede opinar», denunció en su intervención la diputada del PP Elvira Rodríguez, mientras el abertzale Oskar Matute denunció que falta «transparencia» en la medida y exigió dar más capacidad de acción a los ayuntamientos en la fase de enmiendas.
Cinco decretos
Los otros dos decretos leyes que la Cámara debatirá y vota este jueves son los de medidas de adaptación a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, que contiene además la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI) de 950 euros, y el de la adaptación de la Administración y cambios normativos para agilizar la ejecución de los fondos europeos contra la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Pese a su entrada en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cada decreto ley debe examinarse en el Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso de no obtener el respaldo de la Cámara, su derogación.
A efectos de actividad parlamentaria, enero es un mes inhábil, pero el Congreso ha previsto un Pleno extraordinario para esta semana con el fin de examinar los últimos decretos leyes aprobados por el Gobierno el pasado año. Tres de ellos se remontan al Consejo de Ministros del pasado 22 de diciembre, el plan de ayudas para la hostelería, comercio y turismo, la prohibición de desahucios y los cambios normativos para la ejecución de fondos europeos.
CGPJ
El Congreso también debate y vota las enmiendas a la totalidad de texto alternativo presentadas a la Proposición de Ley para establecer un régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, impulsada por PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del órgano de los jueces mientras no sea renovado.
La reforma de las formaciones del Gobierno fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado mes de diciembre y sus impulsores impusieron su tramitación acelerada, acortando al mínimo los plazos de enmiendas y rechazando que se pida informe al CGPJ sobre su contenido.
Para intentar frenar su tramitación, el PP, Vox, Ciudadanos y Junts presentaron enmiendas de totalidad y, como ya no podían limitarse a pedir su devolución, han propuesto textos alternativos de reforma centrados en el sistema de elección de los consejeros.
Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ajeno a la reforma instada por el Gobierno para limitar sus capacidades estando en funciones, incluye en su orden del día de este jueves siete nombramientos en la cúpula judicial, que se realizarán con amplio consenso al ser de candidato único.
Comparecencias de la Kitchen
La comisión del Congreso sobre la operación Kitchen se reúne también este jueves para votar las peticiones de documentación y comparecencias registradas por los grupos, una cita en la que el PSOE espera sacar adelante sus propuestas, que no incluyen al excomisario José Manuel Villarejo, aprovechándose de los vetos cruzados entre las demás formaciones, incluida Unidas Podemos.
Y es que, según impusieron el PSOE y Unidas Podemos gracias a su mayoría en la mesa de la comisión, las peticiones no se votarán una a una, como se ha hecho en órganos de investigación anteriores, sino que se votarán en bloque las registradas por cada formación.
Así, parece complicado que toda la oposición se una, por ejemplo, para apoyar las propuestas de Unidas Podemos, que sí incluyen a Villarejo, porque en esa lista figuran también por ejemplo Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría, que difícilmente contarán con el beneplácito del PP, o al ex director del CNI, Félix Sanz Roldán, cuya presencia abriría la puerta a preguntar por el rey emérito por las conversaciones del excomisario con Corinna Larsen.
Y el Grupo Popular, por su parte, también quiere ver a Villarejo, pero en el mismo paquete incluye a Pablo Iglesias, lo que Unidas Podemos no aceptará, o a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, que el PSOE considera fuera de lugar en la comisión.
Por ello, lo previsible es que al final se aprueben las 29 solicitudes registradas por los socialistas, aunque salgan adelante únicamente con sus 120 votos.
