Con un Consejo General del Poder Judicial como el actual, con el mandato caducado, y ante la falta de acuerdo para su renovación, buscan limitar su poder y presionar al PP para que pacte.
El PSOE y Unidas Podemos, los dos socios de Gobierno, mueven ficha respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de Gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado dos años y su renovación está estancada por la falta de entendimiento entre los socialistas y el PP. Ante esta situación, el Ejecutivo, a través de los partidos que lo sustentan, ha registrado en el Congreso una proposición de ley para limitar las funciones del CGPJ cuando haya caducado su mandato, como ocurre a día de hoy.
Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta iniciativa antes de que finalice este año. Por tanto, podría ser que en la semana del 15 de diciembre se incluyera en el orden del día del Pleno del Congreso, toda vez que el PSOE tiene cupo para ello. Iniciaría entonces el trámite parlamentario, en el que ambos grupos esperan que en un par de meses pudiera entrar en vigor.
«Es un paso muy importante. En los últimos dos años hemos visto como una institución con el órgano caducado tomaba decisiones muy importantes para con el Poder Judicial. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. El Congreso y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección», explican a este diario fuentes de Unidas Podemos, que se han mostrado muy beligerantes con este asunto.
El partido que lidera Pablo Iglesias ya expresó a finales de septiembre su intención de llevar ante el Tribunal Constitucional la elección de tres nuevos magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, calificando en boca de Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, estos nombramientos como «acto de golpismo institucional, de corrupción institucional».
PRESIONAR AL PP
Los morados han reiterado desde hace semanas, ante la posición del PP de no negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces si Podemos participaba de ella, que «la derecha está atrincherada en la cúpula, quiere jueces afines que dicten resoluciones favorables». «Tenemos un órgano de gobierno de los jueces que ahora es ilegítimo (…) Y debe cesar en su voluntad de seguir gobernando y decidiendo cuáles son los jueces que van a ocupar los lugares claves y sensibles de la cúpula judicial», expuso Asens.
Así, la iniciativa supone un movimiento para tratar de presionar al partido de Pablo Casado, que descarta que se llegue a un acuerdo «en los próximos meses». El Ejecutivo mantiene congelada la reforma que cambia las mayorías para renovar el CGPJ y que haría posible no contar con el PP, bastando los votos de sus socios de legislatura -se pasaría de necesitar 210 votos de 350 a 176-.
El PSOE, sobre todo tras el cuestionamiento de Europa de la reforma, es partidario de darse un «tiempo prudencial» para culminar el pacto con el PP; su socio, Unidas Podemos, presiona para ponerla en marcha de forma inmediata, no esperar más. Mientras, mueven ficha. Limitan la capacidad del Poder Judicial en un claro aviso a los populares, buscando que se avengan a pactar.
Como ha informado este diario, en las próximas semanas está previsto que se designen un total de seis plazas de jueces del Tribunal Supremo. Además, el CGPJ está pendiente en estos momentos de designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. También se encuentra vacante la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tras la marcha el pasado mes de septiembre del magistrado Ricardo Bodas al Alto Tribunal.
NINGÚN NOMBRAMIENTO
En la iniciativa, firmada por Adriana Lastra y Pablo Echenique, en su condición de portavoces de ambos grupos, exponen la necesidad «limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato. Así, facultades como la de proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones».
Asimismo, creen que la limitación debe extenderse también al nombramiento de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Promotor de la Acción Disciplinaria, el Director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el Jefe de la lnspección de Tribunales.
Argumentan socialistas y morados que el Poder Judicial no cuenta «con una exhaustiva regulación sobre cómo han de operar cuando se encuentran en funciones» y con esta proposición de ley quieren poner fin a esta «laguna jurídica constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado». «Debe ser corregido».
Así, PSOE y Unidas Podemos quieren reformar la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial para introducir un nuevo artículo 570 bis con el que limitar las atribuciones del Poder Judicial cuando esté en funciones, de la que queda excluida la potestad de realizar nombramientos.