El Gobierno y los agentes sociales también ultiman una mejora de las prestaciones para 150.000 trabajadores con varios contratos a tiempo parcial
El Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando con los sindicatos y las organizaciones empresariales un subsidio extraordinario que podría rondar los 430 euros durante tres meses para más de medio millón de desempleados que hayan consumido su prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, así como una mejora de las prestaciones de alrededor de 150.000 trabajadores con varios contratos a tiempo parcial, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la negociación.
Así se está abordando en la mesa específica derivada del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo, en la que se está negociando, a falta de concretar, la mejora de la protección para las personas que estaban en situación de desempleo y consumieron su prestación o su subsidio y no han podido encontrar un nuevo trabajo, así como la de los trabajadores que están sujetos a varios contratos a tiempo parcial.
En concreto, se baraja la creación de una prestación adicional de 430 euros durante tres meses destinado a los desempleados que hayan consumido su prestación contributiva o hayan agotado la ayuda asistencial entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre, lo que podría beneficiar a unos 550.000 trabajadores, tal y como ha adelantado ‘El País’.
A su vez, en el caso de los trabajadores que están sujetos a varios contratos a tiempo parcial, Trabajo y agentes sociales trabajan para avanzar en que las cuantías de las prestaciones que perciben se equiparen a las que perciben a los trabajadores que no sufren esta parcialidad en los contratos, ante el agravio respecto a los trabajadores inmersos en un ERTE.
La medida para estos casos pasaría porque Trabajo recalcularía sus prestaciones y les compensaría en una paga por el montante dejado de percibir estos meses, lo que podría beneficiar a alrededor de 150.000 personas.
En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos han precisado a Europa Press que estas nuevas medidas están en manos del diálogo social y, por tanto, dependerá de cómo se cierre el subsidio y la posible compensación a los trabajadores con contratos parciales para saber exactamente a cuántos trabajadores podría afectar y el gasto total de las iniciativas.
«NO HAY NADA CERRADO»
La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha destacado que el subsidio extraordinario busca proteger a las personas que hayan agotado sus prestaciones durante la pandemia o se hayan quedado en desempleo y no tenían derecho a prestación, con el fin de corregir el «agravio comparativo» en comparación con los derechos reconocidos a los trabajadores en ERTE a los que no se les exigía requisitos previos para el cobro de la prestación.
«No hay nada cerrado», ha aclarado Barrera, quien ha explicado que se está abordando en la negociación dicho subsidio y sin olvidar a los 1,6 millones de personas sin protección por desempleo que ya había antes de la crisis.
En este sentido, ve «imprescindible» abordar la negociación del sistema de protección para que «todo el mundo tenga protección y nadie quede atrás», evitando la «factura» de la desigualdad como en la anterior crisis.
A su vez, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, en declaraciones a los medios, ha recordado que su prioridad es proteger a las personas que han visto extinguido o suspendido su trabajo durante el estado de alarma, evitar despidos, evitar la destrucción de empleo en una situación tan dramática como la provocada por la pandemia y, al mismo tiempo, proteger a las personas desempleadas que estaban consumiendo la prestación por desempleo sin posibilidad alguna de encontrar trabajo.
«Esta medida, que beneficiará a 550.000 personas y a otras 150.000 más, de ellas el 75% mujeres, que verán mejoradas sus prestaciones por suspensión de contratos a tiempo parcial, se debe mantener hasta el 30 de septiembre y más allá, tanto para los ERE como para las personas que vean extinguir la prestación posteriormente, en la medida que no se recupere la normalidad en el mercado de trabajo», ha defendido Bravo.