El Gobierno ha calculado un coste provisional de 45,6 millones de euros por el rescate de la autopista radial AP-41, que discurre entre Madrid y Toledo, una de las nueve autopistas que quebró durante la crisis financiera y que actualmente gestiona el Estado.
Este importe es el resultante de restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.
En este sentido, la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado, asciende a 107 millones de euros.
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Esta cifra valora las obras en 221,8 millones y las expropiaciones en 54 millones, a lo que se resta las inversiones necesarias de 21,5 millones, las indemnizaciones pagadas de 147,5 millones y la retención provisional de 61,3 millones para hacer frente a situaciones pendientes, lo que resulta en 45,6 millones.
El Ministerio que dirige José Luis Ábalos ha iniciado este viernes el trámite de audiencia necesario para llevar a cabo esta liquidación provisional y, tras un plazo de 15 días, analizará las alegaciones recibidas para proceder a dictar la resolución que determine la RPA.
Coste cero para otras autopistas
Se trata de la quinta concesión para la que el Gobierno inicia este trámite desde 2019. Por el momento, el coste asciende a 411 millones de euros por la autopista AP-36 Ocaña-La Roda y a cero euros para Accesos de Madrid (R-3 y R-5) y para la R-4, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura.
Las nueva autopistas que se encuentran en liquidación concursal son la radiales de Madrid R-2 (Abertis, ACS, Acciona y Globalvía), R3 y R5 (bajo una única sociedad constituida por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), R4 (Ferrovial y Sacyr), M-12 (OHL), AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi) y AP-36 (Ferrovial Infraestructuras, Europistas y Budimex), así como la AP-7 (Globalvía y Ploder) en la circunvalación a Alicante y entre los municipios de Cartagena (Murcia) y Vera (Almería).
Los contratos fueron resueltos por un acuerdo del Consejo de Ministros en julio de 2018, ordenando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tramitara el expediente de liquidación del contrato. Ese año, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) asumió la explotación de estas carreteras.
Por otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana inició recientemente la incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionaras de estas nueve autopistas, un importe que asciende a 120 millones de euros y que aminorará la factura del Estado por este rescate.
En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).
De su lado, los fondos de inversión que asumieron la deuda financiera de 3.700 millones de euros que soportaban las nueve autopistas defienden que las facturas provisionales calculadas por el Gobierno «no se ajustan a derecho», ya que estiman costes que el Estado ya ha cobrado con anterioridad.
