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El Gobierno aprueba la ley ‘rider’ que obliga a las plataformas a contratarlos

Cientos de repartidores pro-autónomos se han manifestado este martes para criticar su ausencia en las negociaciones y han reclamado a los diputados que no validen una normativa que obliga a las empresas a que estos profesionales sean asalariados.

El Gobierno ha aprobado la ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados ‘riders’, tras un acuerdo que los sindicatos ven insuficiente porque deja fuera a otros falsos autónomos que trabajan en otros sectores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, dos meses de firmar un acuerdo con patronal y sindicatos, el decreto ley que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales, los llamados ‘riders’, y que da un plazo de tres meses para que las empresas se adapten.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que la ley aprobada parte de la premisa de que los trabajadores que desempeñan su tarea en las plataformas digitales son laborales.

Así, tienen todos los derechos que recoge el Estatuto de los Trabajadores, relativos a la organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salario.

La norma modifica así el Estatuto de los Trabajadores y determina la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital.

Esta es la primera legislación que incorpora el acceso a la información de parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos de los sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones laborales, incluida la elaboración de perfiles de las personas trabajadoras.

«Los cambios tecnológicos son imparables» ha dicho la ministra, para añadir que todo el mundo debe saber «cuáles son las razones que motivan ciertas decisiones empresariales», han de saber «lo que esconde el algoritmo».

«Ni los trabajadores deben temer a la inteligencia artificial, ni las empresas a los derechos laborales», ha dejado claro.

INSUFICIENTE PARA UNOS, EXCESIVA PARA OTROS

El pasado 10 de marzo, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme cerraron un acuerdo para la ley que fija la condición de asalariados de los repartidores autónomos que trabajan para plataformas digitales.

Desde CCOO han valorado que la ley va en «la buena dirección» al reforzar, por un lado, la laboralidad de los ‘riders’ y, por otro, obligar a las empresas a ofrecer transparencia sobre los algoritmos.

No obstante, en declaraciones remitidas a los medios, el secretario de Juventud y nuevas realidades del trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, cree que la norma «no es lo suficientemente ambiciosa» y debería «haber ido mas allá y regular el conjunto de realidades del trabajo en plataformas digitales».

Desde UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, ha subrayado en TVE que la ley «es muy importante» y, aunque no supone una regulación global de las plataformas digitales, «viene a resolver un problema gravísimo de seguridad de quienes trabajan en el reparto a domicilio y con eso van a ganar los trabajadores, la Seguridad Social y el país”.

“Es una puerta que cerramos en el reparto pero que vamos a tener que cerrar en otros sectores porque si no la degradación de las relaciones laborales que traerán consigo las plataformas digitales va a ser infinita”, ha reflexionado.

Cientos de repartidores pro-autónomos se han manifestado este martes para criticar su ausencia en las negociaciones y han reclamado a los diputados que no validen una normativa que obliga a las empresas a que estos profesionales sean asalariados.

Otras asociaciones, como «Riders x Derechos», considera la norma «insuficiente, hay poco que celebrar», ya que aunque «en apariencia» la ley va en línea con sus demandas, el proceso de laboralización «se realiza abruptamente, sin garantizar la permanencia» de los actuales repartidores. 

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