seguirá adelante con la tramitación de la Ley de Vivienda. Así lo ha confirmado este jueves la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La ministra ha matizado que el anteproyecto de ley «respeta la Constitución y no invade las competencias de las comunidades autónomas».
De esta forma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana llevará el próximo martes el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión al Congreso de los Diputados.
Los magistrados críticos con la Ley de Vivienda
Todo ello, pese al informe crítico que ha emitido este jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el escrito, 15 de los 21 miembros del órgano judicial han cuestionado la futura Ley de Vivienda. Los magistrados han recordado al Ejecutivo central que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica» y han considerado que la ley «expropia» de competencias a las Comunidades Autónomas.
Además, han considerado que la medida «altera el entendimiento de la propiedad privada de la vivienda» y que «no resulta adecuada» la propuesta de intervenir los precios del alquiler en zonas tensionadas.
Aunque el informe del poder judicial supone un varapalo para una de las leyes estrella del ejecutivo de coalición, su intención es seguir adelante con la tramitación de la norma, después de leerlo «con respeto y atención».
Habrá Ley de Vivienda
En respuesta, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana defiende que el plan de vivienda está «bien armado técnica y jurídicamente» y que respeta «escrupulosamente» las competencias de las comunidades.
«La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género. No nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda«, ha matizado la ministra.
Por su parte, la responsable de la cartera de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha criticado que el CGPJ, «con el mandato caducado desde hace tres años», se oponga a una ley «que busca frenar la especulación y proteger el derecho a la vivienda«.