El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a la Unión Europea (UE) que emprenda una reforma de su marco fiscal que sea económicamente sólida y políticamente aceptable para impedir una acumulación «indeseable» de deuda pública.
«Las reglas existentes han tenido cierto éxito, especialmente al aumentar la conciencia pública de que los déficits fiscales deben estar por debajo del 3 % del PIB, pero no han impedido una acumulación indeseable de deuda pública y riesgos de sostenibilidad fiscal en algunos miembros», dijo el organismo.
La institución económica, con sede en Washington, consideró en su informe que, tal y como se vio en la crisis de la deuda soberana europea, esos riesgos han amenazado la estabilidad de la unión monetaria en el pasado y siguen creando vulnerabilidades, a pesar de los esfuerzos para fortalecer la supervisión central.
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El FMI propone vincular las reglas fiscales al nivel de riesgo. En su opinión, aunque el límite del 60% del PIB al endeudamiento y del 3% al déficit se mantienen como valores de referencia, «la velocidad y la ambición de los ajustes estarían ligados al grado de riesgos fiscales».
De esa manera, los países con mayor riesgo fiscal deberían avanzar hacia un equilibrio fiscal positivo en los próximos 3 a 5 años, mientras que aquellos con menores riesgos y una deuda por debajo del 60% pueden gozar de mayor flexibilidad.
El FMI también ve necesario fortalecer las instituciones nacionales fiscales, con marcos fiscales a medio plazo y topes de gasto anuales plurianuales y un mayor rol de los consejos fiscales independientes a la hora de avalar proyecciones macroeconómicas o de evaluar los riesgos financieros.
El tercer eje de su propuesta es una capacidad fiscal «bien diseñada» para conseguir dos objetivos clave: mejorar la estabilización macroeconómica y permitir la provisión de bienes públicos comunes a nivel comunitario, como en materia de cambio climático o seguridad energética.
El FMI estima que sus recomendaciones deben verse como «un paquete de elementos interconectados para promover una reforma efectiva» y admite que requiere un esfuerzo mutuo entre las normas de la UE y la implementación nacional.
A su juicio, «la extraordinaria incertidumbre económica y los retos fiscales que se avecinan» hacen que la deseada reforma no pueda esperar.
El organismo apunta que la extensión a 2023 de la cláusula general de escape, que facilita acometer gasto público sin exponerse a penalizaciones, brinda una ventana de oportunidad para hacer lo que solicita. «Más retrasos obligarían a los países a volver a las antiguas reglas con todos sus problemas. La oportunidad no debe desperdiciarse», concluye el FMI, que considera urgente llevar a cabo las modificaciones señaladas.
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