Lo que no se consiguió con una reforma legal, lo ha logrado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en sus primeros nombramientos de calado en la cúpula fiscal. Su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, ascenderá a la máxima categoría de la carrera fiscal al ser propuesta para ocupar la plaza de fiscal jefe de la Sala Togada (de lo militar) del Tribunal Supremo, pero lo hace sin el apoyo del Consejo Fiscal.

Delgado se presentaba a la convocatoria para cubrir esta plaza junto a otros 19 aspirantes, y el asunto se discutió este jueves en una maratoniana sesión en la que Delgado obtuvo únicamente 4 votos de sus compañeros frente a los 6 logrados por Luis Rueda, un candidato con experiencia en materia militar. Entre los miembros no natos del órgano hay cinco vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, dos de la Unión Progresista a la que perteneció la propia exfiscal general y uno de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Hasta que se conoció el interés de Delgado por la Fiscalía togada, se especulaba que su renuncia al cargo por motivos de salud el pasado mes de julio tendría continuidad en las jefaturas aún no creadas de Memoria Democrática o la que se dedicará de forma especializada a los delitos de odio. Incluso aventuró que podría abandonar la carrera para ejercer en un despacho privado. 

El futuro de la exministra de Justicia y exfiscal general, con plaza en la Audiencia Nacional, fue ya motivo de polémica hace varios meses. El pasado mes de junio, la falta de apoyos parlamentarios obligó al PSOE a retirar la enmienda que había introducido en una ley en trámite de reforma, la Ley Concursal, y que pretendía asegurar un puesto a Delgado de forma automática en la máxima categoría de carrera cuando fuera cesada de su cargo. Ello levantó fuertes críticas de la oposición e incluso del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y de varios aliados parlamentarios.