Recomienda eliminar burocracia, dar respuesta en 30 días -en España el plazo son seis meses- y reclamaciones sencillas, gratuitas e imparciales
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella en materia social del Gobierno de Pedro Sánchez para combatir la pobreza y la exclusión y diseñada para ayudar a los hogares más vulnerables, lleva ya dos años y medio vigente y sigue sin cumplir algunas de las múltiples expectativas y metas fijadas en mayo de 2020.
El Ingreso Mínimo es denegado a más de la mitad de los hogares que lo solicitan y miles -incluso millones- de las personas que realmente lo requieren para afrontar situaciones extremas no conocen el potencial de la ayuda o encuentran en la burocracia, en los requisitos demasiado estandarizados o en la lentitud un escollo para hacerse con una ayuda que oscila entre los 491 euros y que puede llegar a 1.189 euros en familias monoparentales con cuatro menores a cargo.
Pese a los esfuerzos, el último dato del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestra que están percibiendo el IMV 535.732 hogares en los que viven 1.495.128 personas. El objetivo es alcanzar a 700.000 familias y el departamento que dirige José Luis Escrivá ya ha puesto en marcha diversas estrategias -bus IMV, visitas comedores sociales y centros de ayuda- para lograr esa meta.
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El Ingreso Mínimo en Europa
Mientras, el Consejo de la Unión Europea ha emitido una serie de recomendaciones y directrices -no vinculantes- en las que quedan patente la necesidad implantar unas rentas mínimas eficientes para sacar de la pobreza a los ciudadanos. Estas propuestas, serán supervisadas en breve y en bastantes aspectos no coinciden con el planteamiento del IMV español.
Una de las claves para Bruselas es que la renta mínima o el ingreso mínimo pueda solicitarse de manera individual por los miembros del hogar -en España está pensado para hogares o familias-, con el fin de «fomentar la igualdad de género, la seguridad de la renta y la independencia económica de las mujeres, los adultos jóvenes y las personas con discapacidad».
Desde Europa se aboga también en que en situaciones de crisis como la actual, la concesión de estas rentas sea más flexible e, incluso, se simplifique temporalmente el acceso, se reduzcan los requisitos o se prolonguen las prestaciones. Advierte que una carga administrativa desproporcionada, la falta de información o el temor a la estigmatización o discriminación pueden conducir a que las personas con derecho a la renta mínima no la soliciten, como parece suceder en España.
La receta europea es garantizar la accesibilidad general y la simplicidad de los procedimientos de solicitud y ofrecer apoyo administrativo a los posibles solicitantes, además de dirigir el foco a los hogares monoparentales, en la mayoría de los casos encabezados por mujeres, además de a los hogares especialmente marginados, como los conformados por población gitana.
La Comisión señala que entre las razones para que esta rentas mínimas no llegue a todos los que lo necesitan está la escasa accesibilidad de las herramientas digitales o la falta de capacidades para su uso. Además, apunta la concesión de la ayuda debe emitirse sin retrasos innecesarios y que en la práctica no tarde más de 30 días desde la solicitud. En España está fijado un plazo de seis meses.
Del mismo modo, pide que se apliquen procedimientos de reclamación sencillos, rápidos, imparciales y gratuitos. Las reclamaciones relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital en España acaban en muchas ocasiones en los juzgados, que tardan meses en decidir y que mayoritariamente dan la razón a los ciudadanos total o parcialmente.
Por último, el informe titulado Recomendación del Consejo sobre una renta mínima adecuada que procure la inclusión activa reclama que los países supervisen de forma continua la aplicación de las políticas de ayuda a la renta, en particular la renta mínima y las correspondientes medidas de activación del mercado laboral, además de un registro exhaustivo de datos.
También insta a desarrollar y mejorar mecanismos que permitan hacer un seguimiento de las personas que carezcan de recursos suficientes en relación con su inclusión social o su transición al empleo, manteniendo el respeto de las normas de protección de datos y que se informe periódicamente a la Comisión sobre el conjunto de medidas aplicadas en la Recomendación.
