El Partido Popular (PP) ha puesto en el centro de la discusión legislativa una propuesta polémica: busca que no se informe a los ocupantes ilegales de viviendas sobre la fecha y hora de su desahucio. Esta iniciativa será defendida el próximo lunes en la comisión de Vivienda del Senado, con el argumento de que la anticipación de estas acciones facilita la organización de resistencias que pueden ser pacíficas o violentas, entorpeciendo así el proceso judicial y provocando desórdenes públicos.
«Es inaceptable que desde la ley se promueva una suerte de insurrección civil, contraria a los principios de un Estado de Derecho», señala la moción del PP. Este planteamiento critica la normativa actual que obliga a notificar con precisión «el día y la hora exacta» del desalojo, argumentando que esto se coloca del lado de quienes «incumplen las reglas básicas de la democracia».
La propuesta surge en un contexto donde, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre julio y septiembre de 2023 se registraron 373 casos de juicios por ocupación ilegal de viviendas, lo que representa un descenso del 38,6% respecto al año anterior.
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Cuestionamiento a la Ley de Vivienda
Además, el PP abordará la necesidad de derogar las medidas implementadas en la ley de Vivienda para el control de precios de alquiler. Alegan que, lejos de reducir los costos, «los precios de los alquileres han aumentado considerablemente», calificando a la ley como ineficaz y contraproducente.
Destacan, en particular, la no aplicación de medidas como la limitación de precios en zonas de mercado tensionado, debido a la reticencia de sus gobiernos autonómicos a implementarlas. También proponen eliminar los mecanismos de intervención estatal, como la desvinculación del IPC para la actualización de rentas y el sistema de bonificaciones fiscales para propietarios que faciliten el acceso a la vivienda a jóvenes o realicen rehabilitaciones.
Incentivos para la Oferta de Viviendas Vacías
Una tercera moción del PP se enfoca en «incentivar la puesta en el mercado de viviendas vacías». Proponen como solución la eliminación de controles de precios y la garantía de seguridad y eficiencia jurídica para los propietarios, protegiéndolos de posibles fraudes por parte de los arrendatarios. Esta iniciativa pretende modificar la ley de Vivienda para fomentar la oferta inmobiliaria.
Las mociones del PP, apoyadas por su mayoría absoluta, plantean un cambio significativo en la política de vivienda, priorizando la protección jurídica de los propietarios y cuestionando las estrategias de control de precios y preaviso en los procesos de desahucio.
