Salió adelante por mayoría en el Consejo de Administración, donde la unanimidad reinó a la hora de aprobar la Cuenta general 2019, que arroja resultado positivo
El Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Ciudad Real ha aprobado la propuesta de modificación de estatutos de la entidad a la que obliga la nueva Ley de bases de Régimen Local (LBRL), en la que destaca la reducción del número de miembros de la asamblea, que baja de 96 a 12.
Esta propuesta de estatutos, que ha de refrendar la próxima asamblea general, establece que once de los doce miembros serán designados por la Diputación Provincial de Ciudad Real tras cada celebración de elecciones municipales, mientras que el Ayuntamiento de Almagro nombrará a otro al estar en su término municipal con el Centro de Tratamiento de Residuos.
El nombramiento de los miembros de la asamblea se hará en proporción a la representatividad de los distintos grupos políticos presentes en el pleno de la Diputación Provincial, además se pasa de una asamblea integrada por personas jurídicas a otra integrada por personas físicas.
Además el nuevo articulado establece la composición del Consejo de Administración del Consorcio RSU, que tendrá nueve integrantes, sumando el presidente, el designado por el Ayuntamiento de Almagro como vocal permanente, a los que se sumarán el vicesidente y a otros seis vocales de entre sus miembros que serán nombrados por la asamblea con arreglo a la representatividad de los distintos grupos políticos.
Esta reducción del número de miembros es lo más destacable del nuevo articulado, que, tras aprobarse inicialmente en asamblea, será sometido a información pública, y después se aprobaría definitivamente, derogándose así los estatutos anteriores.
Esta propuesta salió adelante por mayoría, con seis votos a favor y dos abstenciones, entre ellos el vicepresidente, quien justificó su abstención en que estos nuevos estatutos no contemplan la creación de un órgano de los 92 municipios que se reúnan una vez al año.
Sin embargo, la presidenta, justificó el cambio, en la necesidad que tiene el consorcio de someterse a lo que dice la LBRL para ser legales.
Por otra parte, se aprobó por unanimidad la cuenta general del ejercicio 2019, que recoge unos derechos reconocidos de 17.860.033 euros aproximadamente, y unas obligaciones de 17.632.529 euros.