El equipo de Gobierno asegura que el fallo del TSJ de Castilla-La Mancha entra en el fondo del asunto y analizará los próximos pasos con los servicios jurídicos.
El Ayuntamiento responde a las críticas tras la sentencia
El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha respondido a las declaraciones realizadas por el PSOE y por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que anula el acuerdo plenario aprobado el 27 de mayo de 2021 sobre el cambio de denominación de varias calles de la capital.
Arroyo ha lamentado las críticas dirigidas al fallo judicial y ha considerado «sorprendente» que el PSOE cuestione una resolución porque, según ha señalado, «no se ajusta a sus intereses». A su juicio, esta actitud responde a una forma de actuar que, ha afirmado, «viene repitiéndose en distintos ámbitos».
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Además, el portavoz municipal ha asegurado que las manifestaciones realizadas tras conocerse la sentencia reflejan un desconocimiento de su contenido. En este sentido, ha indicado que tanto el PSOE como el subdelegado del Gobierno solicitaron al Ayuntamiento una copia íntegra de la resolución judicial.
La sentencia analiza el fondo del procedimiento
Durante su valoración, Guillermo Arroyo ha explicado que el fallo del TSJ de Castilla-La Mancha no se limita a apreciar un defecto formal, como sucedió en una resolución anterior, sino que entra directamente en el fondo del asunto.
Según ha expuesto, el tribunal concluye que el Ayuntamiento aplicó de forma incorrecta la Ley de Memoria Histórica al aprobar el cambio de denominación de varias calles de la ciudad.
Asimismo, el portavoz ha destacado que la argumentación jurídica recogida en la sentencia se apoya en una jurisprudencia ya consolidada del Tribunal Supremo, circunstancia que, según ha indicado, refuerza los fundamentos del fallo.
Llamamiento al respeto de las resoluciones judiciales
Arroyo ha insistido en que corresponde a los tribunales interpretar las leyes y no a las formaciones políticas.
«Quienes interpretan las leyes no son los partidos políticos, sino los tribunales, y las administraciones estamos obligadas a respetar y acatar sus resoluciones», ha manifestado el portavoz del equipo de Gobierno.
En este contexto, ha defendido que la obligación del Ayuntamiento pasa por actuar con rigor jurídico y por proteger tanto el interés general como los recursos públicos municipales.
Según ha explicado, el objetivo es evitar que puedan producirse nuevos perjuicios para los vecinos derivados de una aplicación incorrecta de la normativa.
Los servicios jurídicos estudiarán los siguientes pasos
El portavoz municipal también ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha remitido la sentencia a los servicios jurídicos municipales para que elaboren los informes correspondientes y determinen cuál debe ser la actuación de la administración local tras el fallo del alto tribunal.
A partir de esos informes se valorarán las medidas que deban adoptarse en relación con la recuperación de las anteriores denominaciones de las calles afectadas por la resolución judicial.
Arroyo ha señalado que el equipo de Gobierno trabajará para reducir al máximo las consecuencias que esta situación pueda generar entre los vecinos afectados por un eventual cambio en la nomenclatura de las vías públicas.
En ese sentido, ha reiterado que todas las actuaciones se desarrollarán desde el respeto a la legalidad vigente y con el propósito de evitar nuevas complicaciones administrativas para la ciudadanía.
El portavoz ha concluido defendiendo que la actuación municipal se mantendrá alejada de cualquier planteamiento que pueda interpretarse como sectario y estará guiada por el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la defensa de los intereses generales de Ciudad Real.
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