La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han acordado que no acudirán a las reuniones que convoque el Ministerio de Justicia mientras se mantenga la Proposición de Ley presentada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos y que busca reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En un escueto comunicado conjunto, ambas asociaciones indican que en cumplimiento de uno de sus principales fines «que es defender la independencia judicial» han decidido «no acudir a las reuniones convocadas ni a las reuniones que ulteriormente se organicen por el Ministerio de Justicia para los próximos días».
la Ley Orgánica del Poder Judicial que ataca de plano a la independencia judicial» y ubica a España «fuera de los valores y estándares europeos de separación de poderes».
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De esta manera, ambas asociaciones, la APM es la mayoritaria en la carrera judicial, ya adelantan no acudirán a las reuniones convocadas por el ministerio y que se celebrarían por videoconferencia con el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, los días 19, 20 y 27 de octubre.
El plan de choque postcovid
Tras una reunión mantenida la semana pasada, se les había emplazado a nuevos encuentros. En concreto el lunes 19 se abordarán los planes de choque postcovid en el orden social y mercantil, se propondrán modificaciones al plan actual y se introducirán mejoras de cara a la segunda fase que arranca en enero de 2021.
En cuanto a la del 20 de octubre, las asociaciones de jueces y fiscales se iban a reunir con el ministerio para anticipar el contenido de la Ley de Agilización; y el martes 27 de octubre se celebraría una reunión del grupo de trabajo sobre la Ley de Discapacidad. Pero ahora, ante la negativa de estas dos asociaciones a mantener reuniones con el departamento de Juan Carlos Campo, esas reuniones quedan en el aire.
La reforma ‘exprés’ para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este pasado martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones -que lo califican de «inconstitucional»- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.
