La Policía Nacional arresta a dos jóvenes de 19 años en Las Palmas por revelar datos personales de políticos y periodistas; la Audiencia Nacional investiga como posible delito de terrorismo.
Filtraciones masivas desde un canal con más de 90.000 seguidores
La Policía Nacional ha detenido este martes en la provincia de Las Palmas a dos jóvenes de 19 años, nacidos en 2006, por su presunta implicación en la filtración masiva de datos personales de altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, varios ministros del Ejecutivo, miembros del PSOE implicados en el caso Koldo y antiguos dirigentes del Partido Popular.
Los arrestos se produjeron en el marco de una investigación liderada por el magistrado Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, que mantiene el sumario bajo secreto judicial. Según fuentes de la investigación, los jóvenes serían los presuntos responsables de divulgar datos como domicilios, números de teléfono, DNIs y direcciones de correo electrónico a través de un canal de Telegram.
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Una operación con implicaciones estatales
El descubrimiento tuvo lugar la semana pasada, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron una nueva oleada de filtraciones. Entre las personas afectadas se encontraban:
- Ministros del Gobierno, como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Diana Morant y Luis Planas.
- La presidenta del Congreso, Francina Armengol.
- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.
- El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, todos investigados por el caso Koldo en el Tribunal Supremo.
- Varios exdirigentes del Partido Popular, entre ellos María Dolores de Cospedal y Rafael Catalá.
Los investigadores también han confirmado que periodistas y profesionales de medios de comunicación se encuentran entre las personas cuyos datos han sido vulnerados.
Telegram y el auge de las ciberagresiones masivas
Esta nueva filtración se suma a otra ya registrada el pasado 19 de junio, cuando se publicaron datos confidenciales de miembros del Gobierno en un canal de Telegram con más de 92.000 seguidores. La reiteración y el alcance de estas publicaciones han elevado la alarma en los cuerpos de seguridad del Estado.
Uno de los detenidos incluso se mostró públicamente en una emisión en directo en la plataforma Twitch, ocultando su rostro, donde reivindicó la autoría de las filtraciones y se autodenominó miembro del grupo «etarras», autodescrito como «terroristas de internet». Estas declaraciones están siendo evaluadas por la Audiencia Nacional en el contexto de un posible delito de terrorismo o contra las altas instituciones del Estado.
Posibles consecuencias penales
El caso podría tener graves implicaciones legales. Si se confirma que los detenidos actuaron con intencionalidad y en coordinación, podrían enfrentarse a cargos por:
- Revelación de secretos.
- Acceso ilícito a bases de datos.
- Atentado contra las altas instituciones del Estado.
- Delito de terrorismo informático, si se demuestra la voluntad de alterar el orden institucional o generar pánico.
Fuentes del Ministerio del Interior señalan que la protección de los datos personales de autoridades y funcionarios públicos es una cuestión de seguridad nacional, y han solicitado máxima colaboración ciudadana ante este tipo de amenazas digitales.
Un reto creciente para la ciberseguridad estatal
Este caso refleja la creciente preocupación de los servicios de inteligencia y ciberseguridad por el auge de acciones de “hacktivismo” o ciberterrorismo en plataformas abiertas como Telegram, donde la difusión rápida y el anonimato pueden poner en riesgo estructuras sensibles del Estado.
Desde la Policía Nacional han reiterado su compromiso con la protección de la integridad institucional, y han advertido que este tipo de delitos serán perseguidos con todo el peso de la ley.
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