La Policía Nacional detecta falsificación e intrusismo en eventos públicos y privados a través de una empresa “pantalla” del sector de la construcción
La Policía Nacional ha procedido a la detención de los dos principales responsables de una trama fraudulenta de prestación de servicios de seguridad sin la correspondiente autorización administrativa. Los hechos investigados apuntan a delitos de intrusismo laboral y falsificación mercantil, tras la detección de múltiples irregularidades durante un evento multitudinario celebrado en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real.
El caso se inició tras observarse que los supuestos vigilantes de seguridad desplegados como controladores de accesos en dicho evento no cumplían con los requisitos exigidos por la Dirección General de la Policía, autoridad competente en materia de seguridad privada. A partir de ahí, se puso en marcha una investigación por parte de la Unidad Territorial de Seguridad Privada, que descubrió un entramado diseñado para eludir los controles legales del sector.
Empresa “pantalla” del sector de la construcción
Los investigadores comprobaron que los detenidos habían recurrido a los datos fiscales de una empresa de construcción, que era utilizada como entidad “pantalla” para simular que disponían de cobertura legal y administrativa para operar en el sector de la seguridad. Esta estratagema permitía a la organización acceder a contratos en eventos públicos y privados, aparentando una legalidad que nunca existió.
Uniformes y emblemas que inducían a error
La trama también recurría a uniformes, placas identificativas y emblemas similares a los oficiales del Ministerio del Interior, lo que generaba confusión entre los asistentes a los eventos, induciendo a pensar que los agentes eran parte de un cuerpo policial o vigilantes de seguridad plenamente habilitados.
Este tipo de prácticas, según ha explicado la Policía, atentan gravemente contra la normativa vigente y suponen un riesgo para la seguridad ciudadana, ya que los servicios ofrecidos no cumplen con los estándares de formación, control y supervisión establecidos por ley.
Sanciones administrativas por intrusismo laboral
Además de las detenciones, la Unidad Territorial de Seguridad Privada ha iniciado procedimientos sancionadores contra los cuatro principales implicados en la ejecución de estos servicios de manera ilegal. Estas sanciones por intrusismo profesional pueden alcanzar los 100.000 euros, al tratarse de una contratación sin la debida homologación en materia de seguridad.
La normativa que regula la seguridad privada en España es clara: solo pueden ejercer funciones de vigilancia y control aquellas personas que estén debidamente habilitadas, lo que incluye formación específica, autorización oficial y registro en la Dirección General de la Policía. Cualquier desviación de estos criterios constituye una infracción muy grave.
Riesgo para la seguridad en eventos
Las autoridades recuerdan que este tipo de fraudes no solo constituyen delitos contra la administración y el ejercicio profesional, sino que también pueden poner en peligro la integridad física de los ciudadanos, al carecer los falsos vigilantes de la formación necesaria para gestionar situaciones de emergencia o conflictos en actos con gran afluencia de público.
Desde la Policía Nacional se ha insistido en que tanto empresas como entidades organizadoras de eventos deben verificar la autenticidad de los contratos con proveedores de servicios de seguridad y asegurarse de que cuentan con las autorizaciones pertinentes, a fin de garantizar la seguridad real de los asistentes.
