El Juzgado de Menores de Logroño ha condenado a cuatro adolescentes a tres años de internamiento en régimen cerrado por su participación en una agresión sexual grupal a dos niñas de 13 años. El suceso, que ocurrió en abril de 2023 en un trastero de un edificio de la capital riojana, ha conmocionado profundamente a la comunidad local. Además de la condena en el centro de menores, los jóvenes deberán someterse a dos años de libertad vigilada tras cumplir su pena.
Detalles de la sentencia
El fallo judicial dictamina que los cuatro menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, deberán pagar una indemnización conjunta de 60.000 euros, que se repartirá de manera equitativa entre las dos víctimas. Esta sentencia se basa en dos delitos de amenazas condicionales y varios delitos de agresión sexual con acceso carnal a menores de 16 años. Uno de los condenados también ha sido declarado culpable de un delito de robo con violencia.
Sin embargo, el juez ha absuelto a un quinto implicado en los hechos, lo que ha generado controversia, ya que la defensa de una de las menores considera que las penas impuestas son insuficientes y ha anunciado su intención de recurrir la decisión.
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Medidas adicionales para la reinserción
Además de la condena de internamiento y libertad vigilada, el juzgado ha impuesto medidas adicionales con el objetivo de rehabilitar y reinsertar a los adolescentes en la sociedad. Los condenados deberán participar en programas de educación afectivo-sexual y de habilidades sociales, diseñados para promover relaciones sanas y evitar futuras conductas delictivas.
El juez también ha impuesto una orden de alejamiento, por la cual los condenados no podrán aproximarse a las víctimas durante cinco años, lo que busca garantizar un entorno seguro para las adolescentes afectadas.
Reacciones y respuesta comunitaria
El caso ha generado un gran impacto en la comunidad de Logroño, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la joven edad de todos los involucrados. La agresión ha despertado un profundo malestar y preocupación, especialmente en lo que respecta a la seguridad de los menores y la necesidad de una mayor educación en temas de igualdad y respeto.
Si bien el fallo judicial busca equilibrar la justicia y la rehabilitación, las voces que critican la sentencia alegan que las penas no son lo suficientemente severas para reflejar la gravedad de los delitos cometidos. La posibilidad de un recurso por parte de las familias afectadas podría reabrir el debate sobre las sanciones en casos de agresión sexual cometidos por menores.
