La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la grave sobrecarga de trabajo que sufren los Juzgados de Violencia de Género en la provincia de Ciudad Real, advirtiendo de que la situación se ha vuelto insostenible tras la entrada en vigor del Real Decreto 954/2022. La falta de personal y medios está generando colapsos, retrasos en la tramitación de diligencias y tiempos de espera desmesurados, lo que afecta tanto a las víctimas como a los profesionales que trabajan en estos juzgados.
Un sistema desbordado en toda la provincia
Según CSIF, este problema se repite en todas las cabeceras de partido, afectando especialmente a los juzgados de Puertollano, Tomelloso, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, así como a localidades con juzgado único, como Almagro, donde se compatibilizan las funciones de violencia sobre la mujer con las de Primera Instancia e Instrucción.
El sindicato señala que la falta de recursos está provocando un deterioro en la atención a las víctimas, con dificultades en la coordinación con cuerpos de seguridad y hospitales, lo que compromete la eficacia del sistema judicial en estos casos.
El aumento de la carga de trabajo ha disparado las cifras por encima de los límites establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Algunos ejemplos de esta situación son:
- Almagro, con un solo juzgado, registró 1.118 asuntos penales en 2023, superando ampliamente la capacidad recomendada.
- Puertollano tramitó 2.814 asuntos penales en un solo año, mientras que Tomelloso registró 2.027 asuntos, ambos muy cerca de los 1.000 casos anuales por juzgado que el CGPJ considera el umbral máximo.
- En 2023, en toda la provincia de Ciudad Real se incoaron 1.200 diligencias urgentes y más de 500 órdenes de protección, sobrecargando aún más a los profesionales judiciales.
CSIF advierte de que esta situación no solo repercute en los trabajadores, que soportan jornadas maratonianas, sino que también merma la calidad del servicio y perjudica a las víctimas.
Medidas urgentes para evitar el colapso
Ante esta crisis, CSIF reclama una intervención inmediata de la administración para garantizar el correcto funcionamiento de los Juzgados de Violencia de Género en la provincia. Entre las medidas que el sindicato exige se encuentran:
- Aumento de la plantilla en estos juzgados para aliviar la carga de trabajo.
- Recuperación del complemento salarial que se percibía en estos órganos como reconocimiento a la complejidad de su labor.
- Regulación del servicio de guardias, evitando jornadas ininterrumpidas de hasta 14 horas.
- Refuerzo de los medios materiales y tecnológicos, agilizando así la tramitación de expedientes.
CSIF insiste en que es necesario revisar el sistema de «comarcalización» de los Juzgados de Violencia de Género, ya que el actual modelo no está garantizando una atención efectiva a las víctimas ni unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales del sector.
El sindicato recalca que la sobrecarga de trabajo está lejos de solucionarse y que, de no tomarse medidas inmediatas, la administración de justicia en estos casos seguirá deteriorándose, afectando a uno de los sectores más sensibles y vulnerables del sistema judicial.
