La Seguridad Social ha dado cuenta del estado de la cuestión en lo que a la gestión de ingreso mínimo vital se refiere y las cifras denotan las dificultades y el cuello de botellas que se está viviendo en las oficinas del INSS por la avalancha de solicitudes. Según el ministerio liderado por José Luis Escrivá hasta finales de agosto se han recepcionado en las oficinas de las Seguridad Social 750.000 solicitudes de ingreso mínimo, de las que ha sido analizadas 143.000 y aprobadas 80.000 peticiones. Ello supone que de todas las solicitudes se han revisado solo el 19% de ellas, y se han aprobado un 10%. Si atendemos a los expedientes que han sido analizados el 56% de ellos han terminado por aprobarse. Unas cifras, no en vano, escasas, tal y como critican las asociaciones de servicios sociales y los sindicatos y que responden a la incapacidad por parte de los funcionarios de atender el elevado volumen de operaciones acumuladas en pocas semanas, desde que se puede pedir la nueva prestación.
Según ha detectado el INSS, un 7,5% del total de las solicitudes (cerca de 750.000) se han recibido por duplicado. Aparte, cerca de un 40% de las solicitudes examinadas hasta el momento han llegado con la documentación incompleta (gran parte de ellos sin certificado de empadronamiento), lo que implica que la entidad comunique al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida. Hasta la fecha, entre las revisadas hay más de 25.800 solicitudes pendientes de documentación.
Por otro lado, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes. Más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta y/o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema. «Desde el 15 de junio, el INSS ha recibido casi 750.000 solicitudes del ingreso mínimo, una cifra equivalente a los expedientes de pensiones que resuelve en un año completo», apuntan desde la Seguridad Social.
Criticas a la gestión de la ayuda
En este sentido, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anunció este jueves movilizaciones en septiembre si el Gobierno no resuelve de manera inmediata la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital, tal y como aseguró en unas declaraciones a La Sexta, en las que califica de «inhumano» que se esté discutiendo si falta o no un papel cuando cerca de un millón familias no reciben ninguna ayuda desde el pasado mes de marzo. También critica que se está pensando en cobrarlo en septiembre con carácter retroactivo «como si se pudiera comer con carácter retroactivo en este país». «El Gobierno tiene que dar respuesta a esta demanda de las sindicatos. Desde marzo, saben que más de un millón de familias no tiene ningún ingreso porque estaban en la economía sumergida», sentencia.
Desde UGT, a raíz de esta situación, han puesto en marcha una plataforma para ejercer la reclamación ante el INSS. Álvarez insiste en que más de 700.000 personas han solicitado la renta mínima y se han resuelto unas 30.000 «con una parte mínima de solicitudes aprobadas que, por cierto, no ha cobrado nadie«. Según datos del sindicato, se han presentado 714.000 solicitudes de la ayuda, de las que se han resuelto 32.629, 4.148 han sido aprobadas y 28.481 denegadas. Además, 75.000 correspondientes a los anteriores perceptores de la prestación familiar, a la que el ingreso mínimo sustituye, han sido reconocidas de oficio.
«Pero no tenemos constancia de que haya cobrado nadie», asegura. Según el sindicato, se han denegado cerca de 36.800 solicitudes. «Más de la mitad de los casos se debe a que exceden los límites de renta o patrimonio que están fijados como requisitos para obtener esta ayuda contra la pobreza extrema», apunta.
Servicios sociales denuncia el «desastre»
Por su parte, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS), José Manuel Ramírez, augura «más caos» en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital, que considera ya un «desastre» y pide que se simplifiquen los trámites. A su juicio, esto se debe en parte al requisito de presentar el padrón histórico colectivo, que también ha colapsado las secretarías de los ayuntamientos, y a la obligación de que todos los miembros de la unidad familiar estén inscritos en el SEPE.
Además, advierte de que el silencio administrativo es negativo a los tres meses, con lo que los interesados deberán volver a presentar su solicitud. «Se generaría un caos dentro del caos. Esto es un desastre», advierte. Ramírez apunta también la posibilidad de que haya pagos indebidos ya que, aunque el ingreso mínimo es compatible con otras rentas mínimas de las autonomías, no ocurre lo mismo al revés. En la misma línea, califica de «inmisericorde» el procedimiento para solicita la prestación en especial para las familias más vulnerables que no siempre tienen capacidad para acceder a la vía telemática.