El conflicto entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo por la gestión de la estación de autobuses se intensifica. La devolución de la concesión podría desencadenar una reclamación judicial de casi 20 millones de euros por parte de la Junta.
Las posturas enfrentadas por la gestión
La estación de autobuses de Toledo, de titularidad autonómica y gestión municipal mediante una concesión administrativa, está en el centro de una disputa que parece lejos de resolverse. El Ayuntamiento de Toledo, a través de su concejal de Movilidad, Nacho Jiménez, ha anunciado la intención de devolver la gestión de la estación a la Junta. Según el consistorio, la decisión responde a los problemas derivados del mantenimiento de las escaleras mecánicas, cuyo arreglo consideran responsabilidad de la administración regional.
Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha advertido que si el Ayuntamiento incumple el contrato de concesión de forma unilateral, la Junta reclamará daños y perjuicios por un valor cercano a los 20 millones de euros. «El Ayuntamiento tiene una concesión administrativa que cumplir. Si abandonan de mutuo acuerdo, deberán devolver la estación en perfecto estado; si no, responderán ante los daños y perjuicios», señaló el consejero en una publicación en X (antes Twitter).
Una posible demanda de casi 20 millones de euros
Fuentes de la administración autonómica han confirmado que, de seguir adelante la rescisión del contrato, la Junta podría presentar una demanda en la vía contencioso-administrativa. La reclamación incluiría los siguientes conceptos:
- Equilibrio de la concesión: 16.543.555,65 euros.
- Beneficio industrial (6%): 992.613,34 euros.
- Costes de administración (5%): 827.177,78 euros.
- Arreglo de escaleras mecánicas: 465.850 euros.
- Sustitución del ascensor: 120.000 euros.
- Reparaciones menores (baños, pintura, etc.): 400.000 euros.
El total de la reclamación asciende a 19.949.196,77 euros, una cifra que refleja tanto el impacto económico del incumplimiento como los costes necesarios para devolver la estación a un estado funcional adecuado.
El origen del conflicto
El enfrentamiento entre las dos administraciones gira en torno al mantenimiento de las escaleras mecánicas de la estación. Según el concejal Nacho Jiménez, el Ayuntamiento es responsable del mantenimiento, pero la imposibilidad de encontrar piezas para la reparación sitúa la responsabilidad en la Junta, propietaria del edificio. «Cuando no existen piezas para el mantenimiento, es la Junta quien debe acometer estas obras», declaró el concejal.
En respuesta, la Consejería de Fomento sostiene que la concesión obliga al Ayuntamiento a garantizar el mantenimiento, y que cualquier intento de rescindir el contrato de forma unilateral conllevará consecuencias legales y económicas.
Posibles escenarios y próximos pasos
La situación actual deja abiertas varias posibilidades:
- Negociación entre las partes: Aunque las posturas parecen distantes, un acuerdo podría evitar un conflicto judicial.
- Demanda judicial: Si no se alcanza un acuerdo, la Junta podría presentar una reclamación por los casi 20 millones de euros mencionados.
- Resolución del contrato de mutuo acuerdo: En este escenario, el Ayuntamiento debería devolver la estación en perfecto estado, lo que implicaría asumir los costes de las reparaciones necesarias.
Implicaciones para Toledo
Este conflicto tiene implicaciones importantes para los ciudadanos de Toledo, especialmente para los usuarios de la estación de autobuses. La paralización de las obras de mantenimiento y la incertidumbre sobre la gestión del servicio podrían agravar el deterioro de las instalaciones. Además, el impacto económico de una posible indemnización judicial recaería sobre las arcas municipales, complicando la capacidad de inversión en otros proyectos.
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