Ya son varias las comunidades que han pedido al gobierno que suprima o rebaje el IVA de las mascarillas obligatorias para evitar los contagios por coronaviris. Una de ellas es Andalucía que se suma a los farmacéuticos.
Las farmacias se apoyan en que son obligatoris -según decisión del Gobierno- para combatir al Covid-19 y puesto que es un producto de «primerisima necesidad» consideran que no «debe tributar como un coche o un paquete de tabaco al 21%» piden que se rebaje al 4% como la leche o los medicamentos.
La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles pide que «el único producto que a día de hoy está desatascando nuestro sistema nacional de salud, la mascarilla, no tribute como un articulo de lujo».
Ya han remitido una carta a los ministros de Hacienda y de Sanidad solicitando la reducción del IVA también para otros productos utilizados en la protección contra el coronavirus como guantes, caretas de protección y geles. Los farmacéuticos argumentan que los precios deben ser asequibles para las rentas más desfavorecidas.
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Peticiones de rebaja de partidos políticos
El Grupo Parlamentario Popular también ha solicitado la rebaja del IVA a este tipo de productos. A través de una Proposición no de Ley en el Congreso solicita la medida para estos productos imprescindibles.
Quiere que se incluyan en los bienes de IVA reducido al 10% o superreducido al 4%.
También el Bloque Nacionalista Galego ha solicitado la rebaja y que el gasto sea cubierto por la Seguridad Social como mínimo en los casos de personas con ingresos más bajos.
El diputado en el Congreso, Néstor Rego, cree que es «incomprensible» que esta medida no se aplique también a la venta al por menor de las mascarillas
El Gobierno rebajo el IVA para hospitales y entidades públicas
El gobierno ya aprobó la eliminación del IVA para hospitales y entidades públicas pero no para ventas al por menor que son las que afectan a la población. Los farmacéuticos argumentan que los precios deben ser asequibles para las rentas más desfavorecidas.
La medida estará vigente en principio hasta el 31 de julio y se incluye en el paquete económico para limitar los efectos de la crisis del coronavirus. Busca generar un ahorro de 1.000 millones de euros a las administraciones públicas.
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