El Vaticano celebra ayer la primera audiencia de un juicio histórico en el que se juzgará por primera vez a un cardenal, el exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu, y a otras nueve personas por delitos relacionados con inversiones inmobiliarias.
El cardenal Becciu y las otras nueve personas, incluidos trabajadores laicos y religiosos del Vaticano y figuras de las finanzas internacionales, además de cuatro sociedades, comparecerán en este proceso que trata de esclarecer si se cometieron delitos de malversación de fondos, blanqueo de dinero, fraude y abuso de poder durante la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio de Londres.
Los hechos que juzga ahora el Vaticano se remontan a 2013, cuando la Secretaría de Estado compró un edificio en Londres y destinó fondos del Óbolo de San Pedro, institución que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas y su actividad.
Última hora en Últimas Noticias: Puertollano licita la restauración de las fachadas del estadio Sánchez Menor por 202.256,35 euros
Becciu era el responsable de esas operaciones, pues ocupaba el cargo de sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado desde 2011 a 2018. En mayo de 2018, el papa Francisco le nombró nuevo prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos.
Sin embargo, el pasado año y tras verse salpicado por este escándalo, el propio Francisco le obligó a presentar su renuncia para su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y para sus derechos como cardenal.
De esta manera, Becciu conserva su título, pero no podrá participar en un futuro cónclave.
El purpurado, de 73 años y quien siempre ha mantenido su inocencia en el escándalo, se convierte en el más alto funcionario vaticano acusado de delitos financieros.
Siempre ha mantenido su inocencia y ha asegurado ser “víctima de una maquinación deliberada” que le ha expuesto “durante estos largos meses” a una “picota mediática sin igual (…), sufriendo en silencio, incluso por el respeto y la tutela de la Iglesia”, a la que ha dicho dedicar toda su vida.
Una de las novedades del juicio es que se regirá por las nuevas normas emitidas por el papa el pasado 30 de abril en un “motu proprio” (documento pontificio) que asigna a la Justicia ordinaria del Vaticano los eventuales juicios penales a cardenales y obispos, hasta ahora competencia del Tribunal Supremo.
