El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha una reserva estratégica de material sanitario que incluirá equipos de protección individual, productos de técnicas diagnósticas, medicamentos y equipamiento tecnológico que harán de nuestra Comunidad Autónoma una región pionera en nuestro país en esta materia.
Se hará a través de la aprobación de una Proposición de Ley acordada entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios del PSOE y Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha que se tramitará por la vía de urgencia para que sea aprobada a lo largo del mes de agosto.
El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado hoy en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Fuensalida – sede de la Presidencia-, junto a representantes de ambas formaciones políticas, que “somos la primera administración, que tengamos conocimiento hasta el día de hoy, que da este paso”.
Los tres ejes centrales de esta Ley son el establecimiento de una reserva estratégica de material y equipamiento sanitario; la obligación de los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales, tanto públicos como privados, de dotarse de unas existencias mínimas para un período de 120 días; y la creación de una Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha para su gestión.
Una Corporación que, a juicio de Martínez Guijarro, “en el futuro se va a convertir en una potente herramienta de gestión, puesto que podrá poner a disposición de todos los centros y establecimientos de la región la capacidad de compra del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha”.
Y es que, ha añadido el vicepresidente, “queremos establecer un mecanismo que otorgue seguridad en el abastecimiento ante posibles situaciones de ruptura del mercado”, recordando las dificultades para adquirir material a nivel mundial con la pandemia de la Covid-19.
Así, los centros afectados por esta proposición de Ley siempre tendrán que tener en sus almacenes material suficiente para garantizar la correcta prestación de sus servicios durante 30 días, consideradas como unas existencias mínimas de seguridad; mientras que el resto lo pueden tener también en sus propios almacenes o a través de la gestión de la reserva estratégica regional, para lo que la Ley fija la creación de una Corporación.
Martínez Guijarro ha explicado que esta Corporación será una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, que para su funcionamiento desde el punto de vista patrimonial y económico se regirá por el derecho privado, cuyo objeto fundamental es la adquisición y el mantenimiento del material que conforma la reserva estratégica de todos los centros, servicios y establecimientos de la región.
Del mismo modo, también se le impone la función de controlar las existencias mínimas de seguridad de todos y cada uno de los centros. De hecho, la Ley contempla un apartado de infracciones y sanciones por la vulneración de las obligaciones establecidas que pueden llegar a los 600.000 euros en el caso de las consideradas muy graves.