Ciudadanos ha ofrecido al Gobierno dos propuestas para transaccionar la Ley Celaá en las que o bien se recoge en la ley la mención al castellano como lengua oficial del Estado y vehicular de la enseñanza o bien se blinda que el 25% de las clases se impartan en español en las comunidades con lengua cooficial.
En pleno tira y afloja de los Presupuestos, y cuando Inés Arrimadas ha condicionado su apoyo al Gobierno a que se garantice la presencia del castellano en la reforma educativa, los naranjas han enviado a Moncloa dos enmiendas y están a la espera de respuesta. Hasta ahora no la han recibido.
La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha contado durante la Comisión que su partido ha presentado dos propuestas de transacción a la polémica disposición adicional 38. En una se recoge que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios».
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«El castellano y las lenguas cooficiales tienen consideración de lenguas vehiculares, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable», añade. Es el redactado original, tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros.
Además, Cs ha enviado a Moncloa otra propuesta alternativa por si la primera no les convence. Se trata de asumir que no haya ninguna referencia a la vehicularidad ni a la oficialidad pero añadiendo una frase que diga: «Adicionalmente, deberá impartirse en castellano al menos un 25% de la carga lectiva durante el horario escolar en todas las etapas, con independencia del modelo lingüístico que determine cada comunidad autónoma».
Martín ha dicho que «de momento, el PSOE no ha aceptado las enmiendas». «Salvo que en la Comisión lo acepten, hasta anoche el PSOE rechazaba esa transacción», ha apuntado.
La mención al castellano como lengua oficial y vehicular de la enseñanza ha desaparecido de la Lomloe. Es una de las principales novedades de la reforma y encalla la negociación del Gobierno de coalición con Ciudadanos. El PSOE argumenta que nada cambia en lo esencial, porque el articulado sigue haciendo referencia a la Constitución.
Este viernes los diputados votan en Comisión el más de millar de enmiendas a la reforma durante una jornada maratoniana, con la idea de aprobar la ley en Pleno el próximo jueves y tenerla ya aprobada a principios del año que viene. El dictamen de la ponencia se votará al final de la jornada, aunque el articulado aún puede sufrir modificaciones en los próximos días, hasta que llegue al Pleno.
Martín ha denunciado que la ley «no tiene garantías democráticas» y presenta un «vicio de tramitación», por lo que ha adelantado que lo van a denunciar. «Presentamos alternativas para que no quede duda de nuestra voluntad de llegar a un acuerdo», ha recalcado.
Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha pedido a Ciudadanos, PP, Vox y UPN que «dejen de manosear la Constitución Española» y no hagan «acusaciones graves basadas en la realidad», que suponen «un ataque al sistema educativo generando un clima de suspicacia sobre la viabilidad de esta ley».
DIVISIÓN POR LA ÉTICA
PSOE y Unidas Podemos han escenificado en público sus discrepancias en torno a la asignatura de Ética, que los morados pedían poner en 4º de la ESO. Le han respaldado PP y Vox, en una insólita alianza que demuestra que es posible el acuerdo cuando la política se aleja de la escuela. Martínez Seijo ha respondido que en este curso ya hay muchas asignaturas y no se pueden poner más. Podemos no ha querido aceptar la transaccional de sus socios de Gobierno, a pesar de que ello ha provocado que su propuesta no prospere.
REBAJAR EL NIVEL
La diputada Elena Castillo, del PP, ha reprochado al PSOE y Unidas Podemos que la ley, que permite obtener el título de Bachillerato con un suspenso y pasar en la ESO sin materias pendientes, «da los títulos como churros». «Nadie regala nada, deje de usar ese discurso», le ha espetado Martínez Seijo. Los populares le han reprochado un modelo «heredero de la comprensividad, de café para todos que hundirá al más débil».
Joaquín Reyes, de Vox: «La mayor traición a su ideología es legislar en contra de las clases desfavorecidas. Han creado unos niveles de exigencia mínimos que ofrecen un sistema asistencial que rompe la labor de ascensor social del sistema educativo».
EDUCACIÓN ESPECIAL
El debate de la educación especial ha sido el más tenso de la sesión. Los diputados del PSOE y Unidas Podemos han acusado a PP, Cs y Vox de «mentir» y «jugar a preocupar a las familias» cuando dicen que el Gobierno va a cerrar estos colegios especializados, porque «lo único que dice la ley es que en la educación inclusiva se tienen que garantizar los recursos». «No me digan que creo alarma porque soy una de esas madres. No nos trate como idiotas. Voy a pelear hasta que se derogue la disposición adicional cuarta, porque este sistema es discriminatorio y anticonstitucional», ha respondido con enfado Moneo, que ha apuntado que el sistema «sólo dará prioridad en la escolarización a las familias que muestren preferencia por el régimen más inclusivo», pero no a las que quieren educación especial.
CONCERTADA
No se han recogido novedades sobre las medidas que asfixian a la concertada -decenas de personas se han manifestado a la misma hora frente al Congreso y se han recogido ya más de 1,5 millón de firmas-, pero el diputado de Unidas Podemos responsable de Educación, Joan Mena, ha vuelto a sacar pecho porque han convertido a la escuela pública «en el eje vertebrador del sistema», han quitado las subvenciones públicas a los colegios que separan por sexos y han retirado la cesión de suelo público a la concertada, además de eliminar la demanda social que blinda la libertad educativa. Vox, Cs y PP han respondido que «no van a permitir este atropello a la libertad» y han denunciado que el nuevo sistema de escolarización a los alumnos es «inconstitucional» porque reparte a los estudiantes por los centros no teniendo en cuenta las preferencias de las familias sino los criterios de una comisión de escolarización.
Sergio Sayas, diputado de UPN, ha dicho que la ley, además de «atacar la libertad», va «en contra de la igualdad de oportunidades, porque hace que sólo puedan ir a determinados colegios aquellos alumnos que tengan dinero para pagárselo».
«Lo que ayuda a las clases desfavorecidas es que haya recursos en la educación», le ha respondido Inés Sabanés, de Más País. PNV y JxCAT han rechazado también el articulado sobre la concertada porque «complica la existencia a los centros, que enriquecen y equilibran el sistema».
