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El Ayuntamiento anuncia recursos frente a la reclamación de fondos de la Junta y reivindica su apoyo a la conciliación familiar.

Ciudad Real defiende a las familias

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado que seguirá defendiendo con firmeza a las familias de la capital en relación con la situación administrativa del Plan Corresponsables.

Así lo ha destacado la concejal de Igualdad, María José Escobedo, quien ha denunciado lo que considera “una de las mayores muestras de insensibilidad, asfixia financiera y deslealtad institucional” por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La edil ha centrado sus críticas en la financiación del programa, los retrasos administrativos y los expedientes de reclamación de devolución de fondos comunicados al consistorio.

Desde el equipo de Gobierno municipal se sostiene que el Ayuntamiento ha mantenido el servicio de conciliación y que va a defender legalmente su actuación.

Críticas a la financiación autonómica

María José Escobedo ha señalado que la trayectoria del Plan Corresponsables desde su puesta en marcha refleja, a juicio del Ayuntamiento, una falta de apoyo suficiente por parte del Gobierno regional.

Según la concejal, la financiación de la Junta de Comunidades se ha reducido en un 48%, una disminución que ha calificado como especialmente grave para los ayuntamientos que prestan estos servicios.

Escobedo ha afirmado que la “falta de empatía del Gobierno regional con las familias es alarmante”.

La edil considera que esta reducción de fondos afecta directamente a la capacidad de los consistorios para sostener recursos de conciliación dirigidos a las familias.

El Ayuntamiento reclama una financiación suficiente, estable y previsible para poder organizar los servicios con garantías.

Programa municipal Concilia Ciudad Real

Ante el retraso en la resolución de la convocatoria del Plan Corresponsables, el Ayuntamiento de Ciudad Real puso en marcha el programa municipal Concilia Ciudad Real.

Esta iniciativa contó con una inversión de 42.000 euros, financiada íntegramente por el consistorio.

El programa permitió ofrecer un servicio de ayuda a la conciliación familiar desde enero hasta mediados de junio, según ha explicado la concejal de Igualdad.

Para el Ayuntamiento, esta medida demuestra que el equipo de Gobierno actuó para evitar que las familias quedaran sin cobertura mientras se resolvía la convocatoria autonómica.

Escobedo ha defendido que el consistorio asumió con recursos propios una necesidad social que considera prioritaria.

Reclamación de 600.000 euros

La principal crítica de María José Escobedo se dirige a los expedientes de reclamación de devolución de 600.000 euros correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023.

Según ha indicado la edil, la administración regional ha comunicado al Ayuntamiento estos expedientes de reintegro pese a que los servicios ya fueron prestados a la ciudadanía.

Escobedo ha calificado esta situación como “intolerable” y ha acusado a la Junta de Comunidades de aplicar ahora un cambio de criterio.

La concejal sostiene que el propio Gobierno regional firmó en 2024 una declaración positiva relativa al ejercicio 2022.

A juicio del Ayuntamiento, reclamar ahora la devolución de esos fondos genera inseguridad jurídica y castiga una actuación municipal que permitió prestar el servicio.

Defensa legal del Ayuntamiento

La concejal de Igualdad ha sido tajante al defender la actuación del Ayuntamiento de Ciudad Real.

“No falta dinero, no se han desviado fondos y nunca se ha dejado de prestar el servicio”, ha afirmado María José Escobedo.

La edil ha anunciado que el Ayuntamiento llegará hasta el final en la defensa legal de su actuación.

Para ello, el consistorio interpondrá recursos frente a los expedientes de reintegro que considera injustificados.

“Este Ayuntamiento va a defender hasta el final el dinero de sus vecinos, el empleo de sus profesionales y la conciliación de sus familias”, ha señalado Escobedo.

Seguridad jurídica y contratación

Desde el equipo de Gobierno municipal se considera que la reclamación planteada por la Junta de Comunidades responde a una interpretación formal y burocrática vinculada a la contratación.

Escobedo ha afirmado que se trata de una “persecución basada en interpretaciones formales y burocráticas”.

La concejal ha defendido que el Ayuntamiento actuó para garantizar la continuidad de un servicio dirigido a las familias y que esa prestación debe ser tenida en cuenta.

A juicio del consistorio, no puede exigirse la devolución de fondos cuando los servicios fueron efectivamente desarrollados y llegaron a la ciudadanía.

El debate queda así situado en el terreno administrativo y jurídico, con el Ayuntamiento dispuesto a defender sus argumentos mediante los recursos correspondientes.

Conciliación familiar como prioridad

El Ayuntamiento de Ciudad Real insiste en que la conciliación familiar debe ser una prioridad para todas las administraciones.

La concejal de Igualdad ha reclamado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un mayor apoyo a las familias y menos trabas burocráticas para los consistorios.

Según Escobedo, lo importante debe ser garantizar que los servicios lleguen a quienes los necesitan y no generar incertidumbre económica sobre los ayuntamientos que los prestan.

La edil ha pedido al Gobierno regional que se preocupe por facilitar la conciliación y que asegure una financiación suficiente para desarrollar el Plan Corresponsables.

El consistorio defiende que programas como Concilia Ciudad Real han permitido atender una necesidad real de las familias de la capital.

Petición de apoyo estable

María José Escobedo ha reclamado que el Plan Corresponsables cuente con una planificación económica clara, estable y previsible.

El Ayuntamiento considera que los retrasos en convocatorias y los cambios de criterio dificultan la organización de servicios municipales y generan tensiones en la gestión.

La edil ha subrayado que las familias necesitan certezas y que los ayuntamientos requieren recursos adecuados para responder.

Desde el equipo de Gobierno se defiende que la conciliación no puede depender de procedimientos inciertos ni de reclamaciones posteriores que ponen en riesgo el equilibrio económico municipal.

Por ello, Ciudad Real mantendrá su posición en defensa de los servicios prestados, de los fondos municipales y de las familias usuarias.

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