El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su malestar por la exclusión de la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica en el nuevo decreto aprobado por el Gobierno de España, que contó con el respaldo de Junts. Esta omisión podría traducirse en una pérdida de 571 millones de euros para la región en 2025.
Un perjuicio económico para Castilla-La Mancha
La consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha denunciado esta situación en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. Aunque ha celebrado la aprobación de medidas como la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y las compensaciones para los afectados por la DANA, ha mostrado la preocupación del Ejecutivo castellanomanchego por la falta de actualización de los anticipos que permiten a las comunidades autónomas financiar sus servicios públicos.
«Es inaceptable que algo tan importante como los anticipos para asumir el coste de los servicios públicos se haya quedado fuera del decreto», ha afirmado Padilla.
A nivel nacional, la falta de esta actualización supone una pérdida total de 10.000 millones de euros para las comunidades autónomas. En regiones como Cataluña, Madrid o Andalucía, la cifra superará los 1.000 millones, mientras que Castilla-La Mancha dejará de recibir 571 millones.
Exigencia de una solución urgente
Padilla ha instado al Gobierno de España a buscar una solución inmediata para garantizar que las comunidades autónomas reciban los fondos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos.
«Nos da igual cuál sea la fórmula, pero es necesario que se haga de la manera más urgente posible. No podemos permitir que las cuentas autonómicas dependan de las negociaciones con Puigdemont», ha enfatizado la consejera.
En esta línea, ha recordado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de «separar las cuestiones urgentes y negociarlas de manera independiente» para «no perjudicar a los ciudadanos».
Con esta reclamación, el Ejecutivo castellanomanchego busca garantizar la estabilidad financiera de la región y evitar que la falta de estos fondos afecte a sanidad, educación, transporte y otros servicios esenciales.
