El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, reclama una respuesta unificada desde la Unión Europea y España ante el impacto de las medidas proteccionistas impulsadas por Trump.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha alzado la voz en Bruselas para advertir del impacto directo que la nueva política arancelaria impulsada por Estados Unidos podría tener sobre el tejido productivo regional, especialmente en el sector agroalimentario, uno de los pilares económicos de la comunidad. Así lo ha puesto de manifiesto José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, durante su participación en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), donde ha reclamado una respuesta “clara, firme y solidaria” por parte de las instituciones comunitarias.
Caballero ha asegurado que los aranceles impulsados por el expresidente Donald Trump contra las exportaciones de productos europeos suponen “una amenaza directa para miles de empleos y empresas del sector agroalimentario castellanomanchego”, y ha insistido en la necesidad de “un plan de contingencia específico” por parte de la Unión Europea.
Plan de apoyo y diversificación de mercados
Desde la región se plantea una doble estrategia: por un lado, una respuesta arancelaria equilibrada que imponga medidas similares a las importaciones estadounidenses y, por otro, un programa de apoyo a las empresas afectadas.
“Vamos a exigir esta tarde a la Unión Europea un compromiso de desarrollar ese plan de contingencia que suponga apoyo a las empresas y a los sectores que se vean perjudicados por los aranceles de Trump y también para que puedan encontrar nuevos mercados”, ha defendido Caballero.
Este planteamiento, respaldado por la delegación castellanomanchega en el CdR, pretende proteger un sector agroalimentario “potente, competitivo y estratégico”, cuyos principales productos de exportación —como el vino, el queso manchego, el aceite de oliva o los productos cárnicos— podrían verse gravemente perjudicados.
Caballero ha subrayado que Castilla-La Mancha se juega mucho en este contexto internacional y ha recordado que cualquier perturbación en el comercio exterior puede provocar efectos dominó en la economía regional, por su alta dependencia del mercado europeo y estadounidense.
Unidad política en España y en Europa
El vicepresidente segundo ha querido trasladar también una advertencia clara al escenario político nacional, subrayando que la defensa del campo castellanomanchego debe estar por encima de siglas:
“Si pedimos unidad a los países de la Unión Europea en la respuesta arancelaria a Estados Unidos, las organizaciones políticas en España y en Castilla-La Mancha también tenemos que estar unidas dando una respuesta común de defensa del sector agroalimentario de nuestra tierra”.
En este contexto, Caballero ha sido especialmente crítico con el papel de VOX en las instituciones españolas y europeas, acusando a la formación de “apoyar abiertamente las políticas proteccionistas de Trump” que perjudican directamente a Castilla-La Mancha.
Asimismo, ha interpelado al Partido Popular, al que ha acusado de “seguir respaldando a VOX a través de pactos en múltiples gobiernos autonómicos y municipales”, y ha lanzado un mensaje directo: “Si el PP no rompe esos acuerdos es porque comparte esa misma visión, y eso también es un ataque al campo castellanomanchego”.
Un sector que necesita respaldo institucional
El Gobierno regional considera que el momento es clave para definir una postura firme desde Castilla-La Mancha ante las instituciones europeas, especialmente en un contexto global de alta volatilidad política y comercial.
Las medidas arancelarias pueden comprometer la rentabilidad de muchas explotaciones, cooperativas y pymes del sector primario, por lo que el Ejecutivo autonómico está decidido a “movilizar todos los recursos posibles” para evitar un perjuicio irreparable.
Además, desde el CdR se ha instado a reforzar los mecanismos de diálogo entre regiones, agentes económicos y administraciones para asegurar que las políticas comerciales y de apoyo a las exportaciones se diseñen con criterios de equidad y solidaridad territorial.
