Castilla-La Mancha aprobará esta semana el documento que regula la nueva normalidad

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Tras negociar con los consejos Técnico y Social y Comité de Expertos

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar a finales de esta semana el documento que regulará la nueva normalidad en la que se entrará a partir del día 21 con el levantamiento del estado de alarma, en el que se plasmará cómo recuperar la actividad y la economía haciéndolo compatible con la seguridad y la salud pública para evitar rebrotes de coronavirus.

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, al término de la reunión del gabinete, ha explicado que el Ejecutivo está analizando el borrador elaborado por Sanidad, por expertos en epidemiología, para afrontar la nueva normalidad tras el estado de alarma por la COVID-19.

Además de las aportaciones de las consejerías al borrador de Sanidad, el Gobierno regional ha previsto para este viernes una reunión con el consejo social para la transición frente a la COVID-19, puesto que, según ha dicho Fernández, la sociedad tiene mucho qué decir sobre cómo afrontar la nueva realidad que se vivirá a partir de la semana que viene y que afecte lo menos posible.

A continuación, ha explicado, se volverá a reunir el viernes o el sábado el Consejo de Gobierno para aprobar el documento de los expertos ya enriquecido con las aportaciones de la sociedad y de las consejerías.

Fernández ha hecho hincapié en que la fase de nueva normalidad debe contar con la responsabilidad individual y colectiva de cada uno para evitar rebrotes de la enfermedad, para no dar pasos atrás en la situación actual de la epidemia que presenta datos esperanzadores.

En ese sentido, ha explicado que el citado documento, más que prohibir, lo que hace es regular cómo se van a realizar las actividades, cómo se va a recuperar la economía y cómo se va a «recuperar la vida», en definitiva, de manera que sea compatible con la salud pública y la seguridad frente al coronavirus.

Por otro lado, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 831.000 euros para la compra de nuevo material de protección frente al virus, equipos y reactivos para PCR.

98 MILLONES PARA FINANCIAR PLAZAS RESIDENCIALES

En otro orden, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a un gasto de 98 millones de euros para financiar plazas en residencias de mayores, en concreto, 5.261 plazas residenciales, 418 en centros de día y 77.973 días de estancias temporales.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que se trata de la tercera prórroga de la contratación derivada del Acuerdo Marco para garantizar la concesión de servicios para personas mayores que contemplan plazas en residencias, centros de día y estancias temporales en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Se mantendrán así 160 contratos con 139 entidades para plazas residenciales definitivas; 29 contratos con 28 entidades para plazas en centros de día y 108 contratos con 95 entidades para estancias temporales.

Además, ha destacado la portavoz, el Acuerdo Marco prevé mantener, mejorar y consolidar el empleo a más de 3.000 trabajadores, en muchos casos en el medio rural, y que la derivación a las plazas venga fundamentalmente por el Sistema de Dependencia, aunque también se atienden situaciones de urgencia sociosanitaria, especialmente en las plazas de estancia temporal.

Fernández ha remarcado que este acuerdo marco contempla dos grandes objetivos: atender a las personas mayores que se pueden encontrar en una situación de dependencia o que tienen una urgencia sociosanitaria; y crear riqueza y empleo, manteniendo los puestos de trabajo directos, indirectos y creando bienestar en el entorno en el que están los centros residenciales, muchas veces en espacios urbanos, pero también en espacios rurales.

Por último y de otro lado, la portavoz regional ha señalado que unas 40.000 familias de Castilla-La Mancha van a recibir el ingreso mínimo vital, lo cual lleva a la reflexión de tener que reformular la política social en torno a los planes de empleo y todas las ayudas que se otorgan en Castilla-La Mancha, en el sentido, no de recortarlas, sino de reordenarlas para que lleguen más y mejor a quienes las necesitan.