La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha considerado este jueves «imprescindible evitar que haya países que, por su mayor capacidad financiera, puedan inyectar un volumen de recursos importantes en empresas que están compitiendo con otras que puedan no tener el mismo nivel de ayuda financiera».
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha considerado este jueves «imprescindible evitar que haya países que, por su mayor capacidad financiera, puedan inyectar un volumen de recursos importantes en empresas que están compitiendo con otras que puedan no tener el mismo nivel de ayuda financiera».
Calviño se ha expresado así durante un encuentro informativo organizado por el Consejo General de Economistas para «garantizar el buen funcionamiento y la competencia leal entre empresas dentro del mercado interior» y asegurar a la vez la propia «protección del mercado interior».
«Me consta que la Comisión Europea está igualmente preocupada por este tema y, por tanto, está imponiendo condiciones para ese tipo de inyecciones económicas en empresas individuales», ha relatado al ser cuestionada sobre la posición del Gobierno frente a las nacionalizaciones parciales de empresas para ayudarles a superar la crisis del covid-19.
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Frente a ese riesgo de que se cree un mercado desequilibrado entre empresas que puedan recibir fuertes inyecciones porque sus países cuentan con margen fiscal suficiente y otras no, ha indicado que el Gobierno defiende el refuerzo del instrumento del Banco Europeo de Inversiones (BEI) «para asegurarnos de que hay instrumentos de financiación que vayan a llegar a todas las empresas europeas, sin diferencia de las condiciones financieras».
Asimismo, ha dicho que la Comisión Europea ha puesto en marcha dentro de su plan de recuperación un nuevo instrumento que podría favorecer la recapitalización y, por tanto, la solvencia de las empresas a medio plazo, y que se gestionará igualmente a través del BEI.
Según ha expresado, será una herramienta «importante» a seguir y «ver cómo se puede articular para poder reforzar nuestros propios instrumentos nacionales de apoyo a la solvencia empresarial en los próximos meses».
Frente a la estrategia de recapitalizar empresas, el Gobierno ha apostado a escala nacional por facilitarles el acceso a la liquidez necesaria con varias herramientas, aunque la más clave es el programa de hasta 100.000 millones de euros habilitado en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La ‘V asimétrica’, ya en marcha
La vicepresidenta tercera ha afirmado también que se constata un «cambio de tendencia» en la evolución económica de España tras el fin de la hibernación y el inicio de la desescalada, con «cierta recuperación» en la actividad y el empleo, en línea con las previsiones del Gobierno, que apuntan a una recuperación en ‘V asimétrica’, con un «crecimiento importante» en 2021.
Durante su intervención, Calviño ha confirmado que está empezando el «cambio de tendencia» desde que terminó la hibernación, aunque se mantiene la previsión de una caída del PIB superior al 9% este año, en línea con la de los países del entorno.
Lo que hay detrás de la rimbombante recuperación en V asimétrica que prevé el Gobierno
Calviño ha dicho que los datos de afiliación a la Seguridad Social en mayo apuntan en la «misma dirección», por lo que ha asegurado, «con la máxima cautela», que todo apunta a que si la desescalada continúa por la misma senda, progresa adecuadamente el control de la epidemia y cambia la tendencia negativa de la economía mundial, la economía española seguirá recuperándose «paulatinamente» a partir de ahora con un perfil de «V asimétrica».
En concreto, tras la caída «intensa» de la actividad en marzo y abril, la tendencia cambiará la perspectiva de crecimiento y recuperación, logrando una tasa de «crecimiento importante» en 2021, ejercicio para el que el Gobierno proyecta un crecimiento del 6,8%.
«Lo que hagamos ahora es determinante para el futuro», ha apostillado Calviño, coincidiendo con el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, quien cree que Calviño es «la persona clave en el momento clave», pero ha pedido medidas «proactivas y proempresa», frente a «ideas de bombero».
A este respecto, Calviño ha indicado que la reconstrucción empezó con el primer paquete de medidas aprobado en el inicio de la pandemia, y ha incidido en las líneas ICO y las moratorias, apuntando que se han aprobado 205.800 moratorias hipotecarias, 309.500 de otro tipo de crédito y otras 240.400 concedidas por entidades financieras que van más allá del esquema aprobado por los reales decretos. En total, más de 750.000 contratos que han permitido a «cientos de miles de familias ver aliviada su situación».
Qué hacer con los ERTE
A estas medias se suman en materia laboral los ERTE, que han cubierto a más de 3 millones de trabajadores y 550.000 empresas y «están cumpliendo su función», ya que hay «recuperación» en parte del empleo perdido desde marzo, pues en el último mes se han sumado más de 200.000 afiliados y 400.000 trabajadores en ERTE por fuerza mayor regresaron a la actividad.
En este punto, ha indicado que hay que estudiar un tratamiento «más adecuado» de los ERTE para sectores específicos e ir adaptándolos «más allá del 30 de junio», analizando otras herramientas para que el ajuste se haga en horas y «no en trabajadores», al tiempo que se impulse la reorientación profesional y se estudien instrumentos de flexibilidad alternativos a los mecanismos de ajuste tradicionales de la economía, que se centran en los más vulnerables y los contratos temporales.
También se reforzarán los planes de choque para apoyar a sectores estratégicos más afectados, como el turismo, automoción o comercio, junto a la red de protección social, que pasa por el ingreso mínimo vital, entre otros.
Reformas y pensiones
En cuanto al plan de inversiones y reformas previsto por el Gobierno, ha explicado que estará «alineado» con el proyecto comunitario y se concentrará en seis líneas generales de acción en los dos próximos años, que pasan en primer lugar por un pacto por la reactivación para la transición ecológica y el desarrollo de la economía verde, a través de la Ley del Cambio Climático y eficiencia energética, la estrategia de Economía Circular, el plan de choque por la economía sostenible y un plan de rehabilitación de viviendas y eficiencia.
Asimismo, contempla un pacto por la industria, el emprendimiento y la conectividad, con medidas como un plan de conectividad digital, el despliegue del 5G, la Ley de ‘Startups’, planes de digitalización de pymes y la transformación en sectores agroalimentario, sanidad, transporte o turismo.
Igualmente, se incluye un pacto por el empleo y la formación profesional, con una apuesta por la FP dual, la capacitación digital de la población o la reorientación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, junto a un pacto por la innovación y la ciencia, para aumentar la inversión pública y privada en este campo hasta al menos el 2% del PIB.
Por último, se impulsará un pacto por los servicios públicos, abordando los desequilibrios y la desigualdad, con medidas como el ingreso mínimo vital, y un pacto por el campo para transformar el sistema agroalimentario, con impulso a la economía rural y una estrategia para frenar la despoblación y abordar el reto demográfico.
En cuanto a las pensiones, ha mostrado su «compromiso» con el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas, al ser «claro» y un punto que «no se pone en duda». «Vamos a cumplir, por supuesto», ha asegurado Calviño, añadiendo que «en cuanto se pueda» se pondrá en marcha de nuevo el Pacto de Toledo para seguir abordando la sostenibilidad del sistema. «No se trata de pensiones dignas ahora, sino de garantizar en 20 y 40 años»; ha añadido.
El fondo europeo, ¿acuerdo en julio?
En cualquier caso, Calviño ha insistido en la necesidad de que la recuperación económica de España está ligada a la europea y los mecanismos de la Comisión Europea, sobre el que se ha referido a la propuesta del fondo de reconstrucción de 750.000 millones, un volumen «sin precedentes» que se suma al paquete de 500.000 millones impulsado por el Eurogrupo en créditos.
Ha augurado una negociación «muy intensa» pero espera que haya un acuerdo en julio, para que el fondo empiece a funcionar desde el 1 de enero de 2021. No obstante, la CE ya ha reforzado el presupuesto para que algunos programas se puedan reforzar ya en la última parte del ejercicio actual.
Entre los desafíos ha citado la oposición de algunos Estados miembros a la emisión conjunta de deuda y su apoyo a préstamos en vez de a transferencias; la redistribución de la refinanciación de deuda o cómo se abordará el pago de intereses.
Consolidación fiscal a medio plazo
La vicepresidenta tercera ha apuntado que hay gastos e inversiones «imprescindibles e inaplazables», por lo que será a «medio plazo», una vez que se recupere la senda de crecimiento sostenido, cuando se retome la senda de consolidación fiscal, con una previsión de un déficit del 10,34% y una deuda pública del 115,5% del PIB este año.
Ha dicho que el planteamiento fiscal del Gobierno está «bastante claro» al recogerse en el programa de coalición del Ejecutivo, y ha defendido que es «urgente» e «importantísimo» poner en marcha nuevas figuras como la ‘tasa Google’ para adecuar el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI.
Además, ha recordado que esta semana se ha aprobado la propuesta de la creación de un nuevo impuesto a los plásticos de un solo uso y que Bruselas ha propuesto crear nuevos recursos propios, como el impuesto en frontera para CO2.
La reforma fiscal, ha explicado, buscará un sistema «justo y con progresividad», adaptando a la realidad del siglo XXI para que haya una competencia justa entre las grandes plataformas de servicios digitales respecto al comercio minorista, y un análisis «exhaustivo» de las bonificaciones y deducciones de los últimos años, en el marco también de la revisión del gasto público de la AIReF que permitirá mejorar la eficacia en la inversión y el gasto público.