En el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha con el apoyo de PSOE y Cs y la abstención del PP.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la proposición de ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en la región, una iniciativa conjunta de PSOE y Ciudadanos (Cs), cuyo dictamen no ha recibido votos en contra, aunque PP y Cs sí se han mostrado contrarios a las disposiciones adicionales sobre el registro de clientes en locales de hostelería.
En concreto, la proposición de ley introduce, mediante una enmienda del PSOE, una disposición adicional tercera, acerca de un registro para el seguimiento y vigilancia epidemiológica en los locales de ocio, hostelería y restauración, así como en los que se celebren eventos y actividades multitudinarias; y una disposición final primera relativa a un régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Castilla-La Mancha ante el coronavirus.
Ambas propuestas, que durante el debate parlamentario han provocado discrepancias entre los tres grupos -PSOE, PP y Cs-, se han votado separadas del resto del dictamen a petición del partido naranja y han recibido el voto en contra del PP y Cs, aunque finalmente han sido aprobadas con la mayoría absoluta de los socialistas.
El resto del dictamen también ha salido adelante, en este caso con el apoyo del PSOE y Ciudadanos y la abstención de los ‘populares’.
Esta norma tiene por objeto establecer una reserva estratégica de material y equipamiento tecnológico sanitario en la comunidad autónoma, además de la obligación de mantener existencias mínimas de productos sanitarios en el ámbito de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, sociosanitarios y sociales.
La finalidad de establecer esta reserva es que se pueda dar una respuesta ante emergencias, catástrofes, amenazas epidémicas o cualquier otra situación excepcional que suponga una dificultad en el abastecimiento de material sanitario, equivalente a un mínimo de 120 días de su consumo anual.
Asimismo, contempla la creación de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Sanitarios de Castilla-La Mancha para la gestión de las mismas.
El diputado del grupo ‘popular’, Juan Antonio Moreno Moya, ha destacado que la proposición «podría haber gozado del consenso unánime de esta Cámara», si bien ha acusado al PSOE de haber «pervertido» su sentido al «colar» dos disposiciones adicionales que «no han sido consensuadas con el sector hostelero» y con las que «han dejado fuera a sus propios compañeros de viaje», en alusión a la formación naranja.
Moreno Moya ha defendido las 33 enmiendas parciales del PP que han llegado vivas a la sesión plenaria, aunque antes de las votaciones el grupo popular las ha retirado todas.
De su lado, el parlamentario del partido naranja David Muñoz ha señalado que este jueves se votan dos leyes: por un lado, la de reserva estratégica de productos sanitarios, que va a servir para que no se repita lo ocurrido en la primera oleada de la pandemia y que ha considerado «muy necesaria y positiva», por lo que se ha mostrado a favor.
Y, por otro, “la de la falta de previsión, de las prisas y del rodillo aplicado por el PSOE», ha denunciado Muñoz en relación a las disposiciones planteadas por los socialistas a través de enmiendas «a última hora» que, a su parecer, suponen «una vuelta de tuerca más a los hosteleros» y ante las que se ha manifestado su disconformidad.
A su vez, la portavoz del grupo socialista Ana Isabel Abengózar ha resaltado que esta norma nace con el objetivo de mejorar la región, con la obligación de crear una reserva de material para soportar, al menos, 120 días de colapso y permitir el suministro en caso de necesidad.
«Esta ley no es un castigo para nadie en concreto, sino para todo aquel que incumpla la normativa», ha añadido Abengózar, quien ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma en contar con una norma de estas características.
También su compañero de bancada y ponente designado para la defensa del dictamen, José Antonio Contreras, ha subrayado la importancia de esta ley para la ciudadanía y ha reclamado el apoyo unánime de los tres grupos parlamentarios.
Además, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha recordado las dificultades que hubo para adquirir material durante la primera oleada de la COVID-19 ante «un mercado desajustado y con una capacidad de producción muy por debajo de lo que se necesitaba», por lo que ha calificado esta iniciativa legislativa como «muy positiva».
Fernández Sanz ha considerado «muy bueno» que se pueda establecer un registro y ha agregado que «se acordó con el colectivo de hostelería», aunque ha resaltado que «no es solo para un gremio» y que la propuesta «no se ha colado, no es por detrás».
«Son elementos jurídicos que se utilizan como herramienta para fortalecer el frente a la pandemia», ha asegurado el consejero, quien ha hecho hincapié en que «con este marco normativo, tendremos a nuestra disposición las mejores herramientas para prevenir, contener y dar la respuesta más adecuada a los retos complejos que esta crisis nos traerá».