Rodríguez, a quien Batet le retiró el acta tras ser condenado por agredir a un policía en una manifestación antes de ser diputado, ha decidido recurrir al Constitucional después de que el Tribunal Supremo le haya notificado que su condena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo finalizó el 5 de diciembre. Por este motivo, ha pedido la restitución «inmediata» de su escaño, que actualmente nadie ocupa, para «poder continuar ejerciendo las tareas que le eran propias tras haber sido elegido por más de 64.000 canarios y canarias».
El exsecretario de Organización de Podemos ha dejado claro que este no será el último recurso que presente y ha asegurado que acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos «si en el entramado judicial del Estado Español no hay margen de protección de los derechos democráticos». «Anuncié que iba a llegar hasta el final, con el objetivo de revertir esta cadena de cacicadas arbitrarias y eso estoy haciendo sin descanso», ha señalado.
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Rodríguez ha insistido en que ha sido víctima de «un montaje» policial para criminalizar la protesta social en la que participó, de una sentencia judicial «sin pruebas» y de «una maniobra política con muchos actores implicados». «No pararé hasta que se haga justicia. Esta batalla es desigual, evidentemente no cuento con los ingentes recursos de la otra parte, pero tengo algo que no pueden comprar ni con todo el oro del mundo: La solidaridad de miles de personas que han expresado públicamente su indignación ante este atropello», ha añadido en una nota de prensa.
El recurso de Alberto Rodríguez al Constitucional
En el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional, la defensa de Alberto Rodríguez dice que la decisión «unilateral» de Batet de retirarle el escaño es ilegal y arbitraria y está motivada por algún temor o intención desconocida. Según esta defensa, la presidenta del Congreso fue «mucho más allá» de lo que el Tribunal Supremo le pidió, que era que informase de la fecha en que comenzaba a cumplirse los 45 días de prohibición de presentarse a cualesquiera elecciones.
«Ni más ni menos que eso y, a partir de ahí, quien dice ser profesora de Derecho Constitucional en una Universidad, de cuyo prestigio no dudamos, se procede a acordar la privación del escaño de diputado de mi representado», sostiene la defensa del exdiputado. La decisión de Batet de retirarle el acta de diputado es, para el abogado de Alberto Rodríguez, «demasiado grande como para tener encaje constitucional».
