Acuerdo, al fin, de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que esta madrugada y tras cuatro maratonianas jornadas alcanzaban un pacto para poner en marcha un billonario plan de recuperación económica tras la crisis sanitaria del coronavirus.
A las 5:31 de la madrugada, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en Twitter el «acuerdo» que contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones se desembolsarán en subvenciones y 360.000 millones en préstamos con el fin de ayudar a los países más afectados.
Emmanuel Macron celebró también en la red social el acuerdo alcanzado: «¡Día histórico para Europa!», también en esta dirección se pronunció la primera ministra belga Sophie Wilmès: «Tenemos acuerdo y un buen acuerdo (…).Nunca la Unión Europea había decidido invertir de una manera tan ambiciosa en el futuro».
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El bloque de España ha cedido para alcanzar este acuerdo en rebajas del presupuesto, así como en la cesión de una parte del control sobre las ayudas. Los llamados países frugales: Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia, a los que se sumó Finlandia,
Aunque la cifra final se ve recortada en 110.000 millones de euros en ayudas directas se queda más cerca de los 400.000 millones que demandaban los grandes países como Alemania, Francia, Italia y España que no de los 350.000 millones que reclamaban los países frugales.
El Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, la partida más relevante del fondo de reconstrucción, destinada a financiar reformas e inversiones, aumenta su dotación a 672.500 millones, pero el resto de programas del fondo sufren importantes recortes. El de ciencia Horizonte Europa pasa de 13.500 a 5.000 millones; el de inversiones Invest EU, de 30.300 millones a 5.600; o el Fondo de Transición Justa para el clima, de 30.000 a 10.000 millones; mientras que el Instrumento de Solvencia propuesto por Bruselas para ayudar a empresas en problemas se ha eliminado.
Para contentar a Holanda se incrementa el control sobre la concesión de ayudas directas. Los países remitirán sus planes a la Comisión, y estos tendrán que ser aprobados también por una mayoría cualificada de los Veintisiete. Después, a la hora de autorizar el desembolso de cada tramo de ayuda, si un país o varios tienen dudas, podrán elevar la cuestión a una cumbre de líderes, con lo que el pago se paralizará hasta que lo hayan abordado.
Por otro lado, se incrementan los descuentos que tienen los frugales en su ayuda al presupuesto por aportar más de lo que reciben, mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales).
